Alejandro Toledo, acusado por el Caso Interoceánica, volvió a la esfera pública en una audiencia virtual, desde Estados Unidos. El ex mandatario esta enfrentando el proceso de extradición.
El ex presidente Alejandro Toledo, reapareció en una audiencia de control de acusación desde la virtualidad. Durante el proceso, él se acreditó como “investigador de Ciencias Sociales” en la Universidad de Stanford en Estados Unidos.
Toledo Manrique es acusado por los presuntos casos de lavado de activos y colusión, por eso el Ministerio Público solicitó 20 años y seis meses en su contra. La participación del ex Jefe de Estado generó críticas por parte del fiscal y la Procuraduría, quienes consideran que esto entorpecería el proceso de extradición, aprobado por la justicia de dicho país.
Cabe resaltar, que el ex presidente se encuentra en Estados Unidos desde el año 2017, días antes que se dictara su pedido de prisión preventiva. Desde ese momento, se estuvo haciendo su pedido de extradición.
El juez Richard Concepción Carhuancho presidió la audiencia acompañado por el fiscal José Domingo Pérez y el abogado defensor del ex presidente, Roberto Su. Por otro lado, se suspendió la sesión del caso Odebrecht hasta el 19 de abril.
Alejandro Toledo y el caso interoceánica
Hace 18 años, Alejandro Toledo se habría reunido con Jorge Barata, exdirector de Odebretch, en el famoso hotel Marriot de Brasil. En ese entonces, se desarrollaba la cumbre de Rio de Janeiro entre el 2 y 5 de noviembre del año 2004. Aquí, habrían efectuado la entrega de dinero a cambio del procedimiento lícito de la obra pública más importante de la época.
Este caso contra Toledo se inició en el año 2017, cuando se le señaló de recibir una coima de 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebretch, por la adjudicación de la carretera Interoceánica en Perú.
Todo esto, según la fiscalía, habría ocurrido en su condición de expresidente durante el periodo de los años 2001 hasta el 2006, incurriendo en el delito contra la administración pública en la modalidad colusión, por haber defraudado al Estado, reuniéndose con involucrados y representantes de la constructora brasileña, favoreciendo el proceso de concesión del tramo 2 y 3 del proyecto Interoceánica.
La suma entregada de 35 millones de dólares se haría efectivo a cambio de cumplir condiciones indebidas, entre ellas incumplir los plazos del concurso, haciendo una aceleración ilegal y a su vez incumpliendo que los “plazos no se posterguen”. Además de modificar las bases de la licitación dificultando la participación de otras empresas.
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Toledo y lavado de activos
Por otro lado, el exmandatario es acusado de recolectar transferencias de activos ilícitos, todo esto de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht, para dichos pagos se utilizaron empresas “offshore”, sin ningún tipo de actividad económica, todas vinculadas a la constructora brasileña.
Estas empresas son: Trend Bank Ltd., First Clearing LLC, Intercorp Logistic Ltd., Trident Inter Trading Ltd., Klienfeld Services Ltd., Constructora Internacional del Sur S.A., y Innovation Research Engineering and Development Ltd.
Desde estas empresas “offshores” se entregaron en total la cantidad de 30 millones de dólares, hacia otras compañías de este tipo pertenecientes al fallecido empresario Josef Maiman Rapaport y utilizadas por Toledo Manrique las cuales son: Merhav Overseas LTD, Warbury & Co., y Trailbridge Ltd.
La extradición de Toledo
El 21 de febrero del 2023, el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió la extradición del ex mandatario. Sin embargo, Toledo realizó un último intento para evitar su vuelta al Perú.
La Fiscalía General de Estados Unidos, solicitó al Tribunal del Noveno Circuito de la Corte en San Francisco rechazar el último intento de Toledo para retrasar su extradición, argumentando que Toledo no presentó una defensa sólida para la reconsideración de su orden de extradición.
Asimismo, la defensa del Gobierno de EE.UU también solicitó el rechazo al nuevo pedido de Toledo Manrique para obtener una suspensión adicional. La fiscalía también argumentó que las mociones de reconsideración no están justificadas, además de que se conceden rara vez y el ex mandatario no cumple con los criterios para una revisión en el pleno tribunal.
