El miércoles 22 de noviembre del presente año el parlamentario del partido Avanza País, Alejandro Cavero, presentó el Proyecto de Ley Nro 6488/2023-CR. Dicho documento cambia a la Ley 29944 en cuatro de sus artículos y busca mejorar la calidad del profesorado en el sistema de educación pública.
La proposición de Cavero consiste en la modificación de la Ley de Reforma Magisterial, a fin de que personas vinculadas a “agrupaciones terroristas o contrarias al régimen constitucional y democrático” no practiquen la docencia. El político ya cuenta con el respaldo de colegas como Adriana Tudela, Norma Yarrow, Patricia Chirinos, Diana Gonzales y Diego Bazán.
Propuesta legislativa
Los cambios que se estipulan son que ahora quienes sean candidatos para ejercer la docencia pública, deberán de cumplir con ciertos requisitos. Se pide que no tenga nexos con movimientos que “fomenten cualquier forma de terrorismo, independientemente de la modalidad de organización o asociación que tome”. Asimismo, que no pertenezcan a “una organización que se muestre abiertamente contraria al régimen constitucional”, ni ningún vínculo posible con agrupaciones terroristas.
Si se incumplen estos requisitos, y un profesor es culpable de pertenecer a una organización de estas características, sería destituido e inhabilitado de forma permanente tanto en el sector público como en el privado. Actualmente existen un aproximado de 4.000 docentes que se adhieren al MOVADEF, que directamente es el brazo político de Sendero Luminoso. A la fecha estos profesores continúan ejerciendo su profesión, a la espera de que la modificación de cuatro artículos de la Ley 29944 se los impida.
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Antecedentes
En el pasado el congresista de Avanza País ya intentó realizar reformas en el sector educativo, sin éxito alguno. Recordemos su proyecto de ley para implementar el sistema de vouchers educativos en el país, tal y como se hizo en Chile. Esto trajo consigo fuertes críticas de parte del Colegio de Profesores, así como del Sutep y de la exministra de Educación Patricia Salas.
Su objetivo era empezar a financiar la demanda en vez de la oferta, consiguiendo otorgar bonos a las familias para que ellas pudieran escoger en qué colegio privado matricular a sus hijos. Esto fomentaría la competencia entre instituciones educativas, a fin de que vayan mejorando sus servicios, en vez de dejarlo todo al monopolio estatal de la educación.
