La liberación de Alberto Fujimori hizo que la Corte IDH, a través de un pronunciamiento, declarara que el Perú incumplió los acuerdos de derechos humanos.
En un reciente pronunciamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que el Perú incumplió acuerdos de derechos humanos al liberar a Alberto Fujimori, violando así la convención Americana, generando preocupaciones sobre la confianza en la institucionalidad peruana.
De acuerdo al economista, Armando Mendoza, el desacato no conlleva sanciones económicas directas, pero podría afectar la reputación internacional del país. La falta de cumplimiento de acuerdos legales y derechos humanos podría debilitar la posición del Perú en instancias internacionales, como la posible adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
También, destacó que, si bien los Tratados de Libre Comercio (TLC) no se verían directamente afectados, la sensación de desconfianza generada a nivel internacional podría perjudicar las relaciones gubernamentales y comerciales.
Asimismo, la exigencia creciente de respeto a derechos humanos y acuerdos legales por parte de los países desarrollados podría poner al Perú en una posición precaria en futuras negociaciones.
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Alberto Fujimori y sus juicios pendientes
Es importante mencionar que el expresidente Fujimori, liberado el pasado 5 de diciembre, enfrenta no solo el escrutinio de la Corte IDH, también posee una deuda significativa con el Estado Peruano, superando los S/57 millones en reparaciones civiles por procesos judiciales.
Cabe recordar que la Corte IDH, mediante un pronunciamiento, expresó que el Estado peruano desacató las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia de 30 de mayo de 2018 y 7 abril de 2022, ejecutando el fallo dictado por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo de 2022, restituyendo los efectos del indulto «por razones humanitarias».
Por otro lado, la institución dispuso una supervisión reforzada, para investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, particularmente en lo relativo al indulto «por razones humanitarias» concedido a Alberto Fujimori.
