Ya son nueve meses desde que Pedro Castillo asumió la Presidencia del Perú y el Congreso no ha sido ajeno a su gestión. Desde controversias, mociones de vacancia, interpelaciones a sus ministros, ahora en carpeta se encuentran 13 denuncias pendientes. Recordemos que al menos desde octubre de 2021 son consecutivas las denuncias presentadas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en contra del mandatario.
La última acusación en su contra fue por el motivo de traición a la patria, este tema ya tenía un tiempo debido a las declaraciones del jefe de Estado por el acceso al mar con Bolivia y el referéndum postulado por Castillo. La denuncia sigue su curso con 17 votos a favor, se estará evaluando durante 15 días hábiles para su informe final.
Para el mandatario ya es habitual que se le cite por sus declaraciones. Las 12 denuncias reafirman el rechazo del Congreso ante su gestión. Quien se encarga de velar por la defensa de Castillo es el abogado Eduardo Pachas. Pachas, en primera instancia presentó una demanda de Hábeas Corpus contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esperando la nulidad de la denuncia; pues es usual que se rechacen estos recursos a favor del presidente y continúen los procesos.
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Las primeras seis denuncias constitucionales
La primera denuncia formal ante el Congreso fue por parte de Gonzalo Manuel Ortiz de Zevallos Olaechea, que denunció al presidente y a la vicepresidenta Dina Boluarte. El motivo fue por «probablemente tener incapacidad moral para ejercer sus cargos y otros ilícitos penales» y los presuntos delitos de falsedad administrativa, procesal, genérica e ideológica, entre otros. La acusación se dio el 27 de octubre de 2021.
No pasaron ni 24 horas y, el 28 de octubre de 2021, José Antonio Palacios Obregón acusó al jefe de Estado y al exministro Juan Carrasco por su nombramiento sin haber renunciado. Según el denunciante se incumplió los artículos 206º, 43º, 102º, 38º, 39º, 44º, 45º, 46º, 103º y 106º. Mientras que la tercera denuncia sería el 10 de noviembre de ese mismo año contra Pedro Castillo, Mirtha Vásquez y Hernando Cevallos por abuso de autoridad y delitos de discriminación y acoso.
El mes siguiente llegaría una denuncia de parte del representante de la Asociación Civil por la Integridad, Jorge Eduardo Lazarte Molina. La acusación fue en contra de Pedro Castillo, Guido Bellido, Mirtha Vásquez, Pedro Francke. Supuestamente por infringir los artículos 77º, 80º y 118º, por emitir tres decretos de urgencia.
El 28 de diciembre llegarían dos denuncias, siendo la quinta y sexta. La primera por infringir el artículo 118° de la Constitución y el presunto delito de cohecho. Mientras que la sexta el 30 de diciembre de 2021 fue por «por la presunta infracción constitucional y la probable comisión del delito de abuso de autoridad en ejercicio de sus funciones al presuntamente haber dictado una norma para presentar el carné que acredite haber completado su vacunación contra el COVID-19, limitando de esta manera el ejercicio de los derechos de las personas no vacunadas».
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Pedro Castillo y sus siete denuncias constitucionales durante todo el 2022
Si bien se estabilizaba la economía con el dólar y la vacunación seguía a paso firme, las denuncias seguían en pie para Pedro Castillo. El 13 de enero se presentó una denuncia en conjunto, el motivo fue por la presunta infracción a los artículos 380º, 39º, 43º, 44º, 45º, 48º 49º, 62º por haber afectado en contra de la Constitución.
El mes siguiente, el 2 de febrero, Fernán Altuve junto a Hugo Guerra Arteaga se convirtieron en los impulsores de una nueva denuncia. La acusación se dio por el delito de traición a la patria por la mención de la política exterior del presidente Pedro Castillo. Esta fue la primera denuncia que la Subcomisión puso en investigación con los 15 día hábiles.
La novena denuncia en la misma instancia fue por los comentarios que manifestó ante la prensa internacional. La décima denuncia fue a través de la congresista Patricia Chirinos de Avanza País, por infringir los artículos 32º, 38º, 44º, 54º, y 11º e ir en contra de la Constitución Política. La décimo primera fue por la resolución de ingreso de tropas extranjeras en territorio nacional, solicitud enviada por la cúpula del presidente presuntamente.
La décimo segunda fue una denuncia por el nombramiento de funcionarios en el Ministerio del Interior. Esta acusación tiene como detalle el delito contra la administración pública, en la modalidad de nombramiento y aceptación ilegal para cargo, del artículo 381 del Código Penal. Finalmente, por segunda ocasión la congresista Patricia Chirinos denunció al mandatario el 11 de abril, por la inamovilidad social obligatoria en Lima y Callao, con el objetivo de inhabilitarlo y destituirlo del cargo.
