El pasado 27 de octubre, Pedro Castillo presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley N.° 583/2021-PE. Con este proyecto se solicitaba la delegación de facultades a efectos de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica.
De este texto, se advierte que algunos pedidos de índole tributaria resultan propios de un régimen que pretende sobrecargar a los propietarios de bienes y trabajadores de nivel económico medio y alto con impuestos más onerosos. Se tiene como base los altos índices de informalidad (y consiguiente evasión tributaria), así como, “la desigualdad tributaria” existente entre las tasas aplicables a los contribuyentes de bienes de capital y los contribuyentes en condición de su trabajo, sea independiente o dependiente.
Entre las medidas que pretende adoptar el Poder Ejecutivo, de proceder la delegación de facultades, se tienen las siguientes:
- Modificar el aspecto cuantitativo. La determinación y las tasas del Impuesto a la Renta de las rentas de primera y segunda categoría. Con esto se pretende aumentar la tasa aplicable a las rentas de capital (que actualmente se encuentra en 5%). En consecuencia, se afectará directamente a personas que alquilan y venden inmuebles, que perciben intereses, dividendos y/o regalías, entre otras rentas inmersas. Claramente, ser propietario se está volviendo caro en un “país rico”.
- Modificar el aspecto cuantitativo. La determinación del Impuesto a la Renta de los contribuyentes domiciliados en lo referente a las rentas del trabajo y rentas de fuente extranjera. Esto comprende la inclusión de una tasa marginal más alta y la modificación del límite de 24 UIT de la deducción del 20%. Al respecto, cabe indicar que los trabajadores con ingresos medios y altos llegan a tributar hasta por el 30% de sus ingresos. ¿A ellos se le quiere incluir una tasa marginal más alta? ¿Se les quiere negar la posibilidad de deducir el 20% respectivo como gozan otros ciudadanos.
En esa misma línea, en la presentación del ministro de economía, Pedro Francke, se ha señalado que el pedido está sustentado a efectos de “fortalecer la política fiscal y tributaria, a fin de generar los ingresos necesarios para mejorar la educación y salud pública, el agua y la conectividad rural, y el apoyo a la agricultura”.
Al respecto, me resultan fines loables y que deben ser atendidos por un Estado Social de Derecho como el nuestro (artículo 43°, Constitución Política del Perú). Sin embargo, eso es un tema de cómo se desenvuelve el gasto público. Lo que se busca lograr con el pretendido ensanchamiento de la base tributaria y mayores tasas para determinados ciudadanos supuestamente “privilegiados” con el sistema.
Entonces, ¿cuál es el problema que nos plantea el gobierno actual? Según la cartera de economía esto se debe a que no podemos gastar en sectores claves (como salud y educación) porque hay una baja recaudación; señalando, que, son factores que perjudican: la informalidad, la débil cultura tributaria, los problemas con la administración tributaria y el diseño de los impuestos. En efecto, ¿quiénes nos haremos responsables de este déficit en la recaudación? Claramente, las personas que estamos en el sector de la formalidad, quienes presentamos nuestras declaraciones juradas a tiempo, pagamos nuestros impuestos; y, en consecuencia, no queremos tener ningún lío con la SUNAT.
Pero el verdadero problema no es ese, entendible si tenemos que soportar una mayor carga fiscal —no confiscatoria obviamente—, para la mejora de los servicios públicos esenciales que afecten positivamente el desenvolvimiento de la persona, el problema aquí es que no hay certeza en qué se va gastar el dinero.
A mi criterio —y creo que de muchos compatriotas—, es muy probable que estos mayores ingresos sean utilizados para solventar campañas asistencialistas del gobierno. De ser así, ¿los peruanos estaremos de acuerdo con que el gobierno nos quite más, no para darnos mejores servicios públicos, ni atender sectores claves, sino para darse un baño de popularidad mediante bonos y subsidios por doquier?
En ese sentido, el paquete de medidas tributarias que pretende adoptar el gobierno de Pedro Castillo no resulta razonable. Definitivamente, el Congreso tiene que decirle que reformule su pedido por dos razones fundamentales:
(I) Hay un componente ideológico fuerte al pretender aumentar la carga tributaria de los ciudadanos en su calidad de propietarios de bienes de capital y trabajadores con ingresos medios y altos. Esto se refleja en comentarios poco técnicos, como el dicho por nuestro flamante ministro de economía, Pedro Francke, en una rueda de prensa relacionada a una pregunta de por qué los ciudadanos de mayores ingresos deben pagar más: “(…) pero puede haber tasas progresivas, el que tiene un carro que vale, no sé, $ 200,000.00 o $ 150,000.00, yo he visto unos carros en la calle que me pican los ojos y me hincan el hígado, bueno podrían pagar un poquito más”.
(II) No hay certeza de que los ingresos que se den con esta reforma tributaria sean para atender las necesidades públicas urgentes y necesarias. Estos importes pueden ser utilizados como colchón para generar programas de asistencialismo, como sucede actualmente en Venezuela y Argentina, lo que traería como consecuencia una dependencia económica por parte de las personas y que, con el paso del tiempo, sería un círculo vicioso que asfixie cada vez más con mayores impuestos a los empresarios y ciudadanos, quienes no se beneficiarían de estos programas, sino que, al ser los generadores de la riqueza, serían perseguidos por un Estado con muchas cargas en el portafolio.
