Historicamente, el Poder Legislativo peruano ha sido duramente criticado. Muchas veces esas críticas merecen un respaldo, pues al ser elegido mediante el voto popular y al ser la «representación del pueblo», han de cumplir una serie de promesas que realizan en campaña. No obstante, ello no significa que debo cumplir lo que prometo, aunque la promesa sea contraproducente o inviable.
El pasado martes 12 de mayo, se presentaron tres iniciativas parlamentarias. Lo que causa sorpresa de los proyectos -que más adelante develaré- es que el «A» es inviable constitucionalmente; el «B» pretende ser la voz de Izquierda Unida, partido que reunió a diferentes agrupaciones de izquierda en los años 80; y el «C» simplemente es un grito en contras de las AFP, hecho aclamado por la población en estos «tiempos de crisis». Los tres presentados por diferentes bancadas y, por lo tanto, con tres ideologías distintas; mas comulgan en el mayor problema del actual Congreso: acciones coyunturales, dañinas en el mediato plazo.
A
El proyecto «A» corresponde a la «Ley que deroga la Constitución Política de 1993 y restablece la Constitución Política de 1979». Esta iniciativa legislativa fue presentada por dos legisladores de Unión por el Perú y es una de las promesas que el antaurismo hizo en campaña, con el objetivo de poder implementar su visión etnocacerista.
Sin embargo, no solo inviable constitucionalmente, pues una ley no deroga un artículo de la Constitución, solo una reforma constitucional (art. 206 de la Carta de 1993); sino es además una caminata en contra de la meta.
Haciendo una comparación entre los resultados económicos de ambas constituciones, se determina que la de 1979 no tuvo resultados óptimos, mientras la de 1993 se tradujo en desarrollo y un crecimiento sostenible. Esto lo demuestran las estadísticas que de los siguientes gráficos. Utilizo solo 2 de los muchos indicadores que prueban la solidez económica
Estos gráficos son el efecto de la defensa de la libre iniciativa privada, la economía social de mercado, la libertad de empresa y la limitación del «estado empresario», entre otros elementos que promueve y defiende la Carta Magna. Por ello, creo que además de jurídicamente imposible, es económicamente contraproducente y sería dejar de lado los grandes avances económicos y sociales que nos ha traído el actual código fundamental peruano.
B
El proyecto de ley «B» lleva de nombre «Ley del Impuesto a las grandes fortunas». Las autoras de la ley son las congresistas Mirtha Vásquez y Rocío Silva Santisteban, ambas de la agrupación de extrema izquierda Frente Amplio (FA).
La ley consiste en la creación de un impuesto a aquellos patrimonios netos valuados en más de 400 Unidades Impositivas Tributarias (S/1’720,000), una propuesta similar a la realizada por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, quien buscaba la creación de un «impuesto solidario».
Las pruebas de las grandes falencias del impuesto a las grandes fortunas se ven en Europa. En la década de los 90, eran 12 los países con el mencionado tributo, hoy solo son 4: España, Noruega, Suiza y Bélgica (BBC). Los «ricos» preferían trasladar sus riquezas a otros países y así evitaban la impuesta. ¿Por qué cree el FA que en nuestro país no pasaría eso?
Además, a diferencia de lo que pueden creer los parlamentarios de izquierda, la riqueza que buscan valuar y quitar no es dinero líquido, no está en la cuenta de un banco. Estas, usualmente se encuentra invertida en negocios, inmuebles, acciones, bonos y más. Por ello, el proyecto congresal podría terminar en un «rico» rematando sus bienes para pagar un impuesto.
Por otro lado, entre los activos gravables se encuentran «objetos de colección, obras de artes y joyas». Me causa intriga cómo haría el Estado para valuar dichos bienes. ¿Entraran a cada casa a ver si hay o no dichos activos?
C
El proyecto congresal «C» es la «Ley que establece la obligación de las AFP de obtener una rentabilidad mínima anual». La propuesta es de Acción Popular (AP).
Antes de tratar este punto, tenemos que entrar en contexto. Desde que inicio este nuevo Congreso se vienen presentando 11 proyectos de ley en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Entre ellas, destaca la ley que permite la liberación del 25% de los fondos. Estas se presentan después de una caída de los fondos de los afiliados por la actual coyuntura mundial.
La ley que presentó AP se vuelve una de tantas que buscan generar capital político; mas como muchas medidas populistas carece de fundamentos claros. Piden que las AFP tengan un 3% de rentabilidad anual; si no es así, deben realizar la devolución de las comisiones cobradas.
En 2019, según la Superintendencia de Banca y Seguros, la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones fue de 11.66%, 8.66% más de lo que exige la iniciativa de AP. Pero los fondos siempre están sujetos a altas y bajas, según el mercado. En diciembre 2018, por ejemplo, los fondos 2 y 3, perdieron 1.3% y 3.8% respectivamente en comparación al mismo mes en 2017 (Asociación de AFP).
Los datos en mención revelan que siempre van a ver caídas ligeras un año, pero grandes crecimientos al siguiente; por lo tanto, se debe medir los resultados en el mediato plazo, no en el corto. Ello lo deja claro el siguiente cuadro, el cual revela que más de 2/3 de la composición de los fondos son rentabilidad acumulada y menos de 1/3 aportes netos acumulados.
Conclusión
De izquierda a centro -pues no existe una derecha en el actual Legislativo- vienen presentando decenas de iniciativas congresales, que más allá de ser un remedio a ciertas dificultades coyunturales, son un perjuicio a todos los peruanos en un futuro no muy lejano.
El actual congreso debe dejar de legislar en pro de su propio capital político y empezar a trabajar para todos los peruanos. Legislación que promueva la formalidad y más acciones que ayuden a la reactivación económica son un buen inicio.
Por favor, congresistas, dejen el populismo y trabajen por el Perú.
