El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció las nuevas disposiciones del estado de emergencia oficializado mediante el Decreto Supremo N.° 151-2020-PCM. Las modificaciones más importantes son el nuevo horario del toque de queda, la reactivación de actividades económicas en a nivel regional y provincial donde no se haya impuesto cuarentena focalizada y el levantamiento de la inmovilización de los domingos sin uso de vehículos particulares.
Lo más novedoso de estas modificaciones es la prohibición del uso de los vehículos particulares. Actualmente estamos bajo un régimen de excepción, el Estado de emergencia, reconocido en el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, desde el 15 de marzo del presente año. Asimismo, en un Estado de excepción se permite restringir ciertos derechos constitucionales como el de la libertad de tránsito en este caso. La suspensión de los derechos se justifica por la protección de la Nación ante una evidente circunstancia de peligro; precisamente, el Covid-19. Siguiendo esta idea, lo que se interpreta de la Carta Magna frente a esta eventualidad, es que el Estado tiene la facultad constitucional de restringir derechos, siempre y cuando, represente un beneficio mayor a la Nación, siendo el costo de la suspensión de derechos mucho menor al grado de beneficio social y nacional, sin embargo, la realidad es otra, y es que no se ha visto un resultado positivo. Desde hace 6 meses el gobierno viene restringiendo derechos constitucionales sin vindicarlo con resultados positivos, la mayor prueba es nuestro afligido presente: primeros en el ranking mundial de muertos por millón de ciudadanos.
Es así como en la penúltima modificación se decretó la inmovilización social los días domingos, como si el virus descansara de lunes a sábado y atacase el último día de la semana, a menos de que se haya utilizado otro “brillante” raciocinio. Frente a esta absurda disposición, hace unos días se decretó el levantamiento de la inmovilización de dicho día —sin impacto positivo alguno— pero sin el uso de los vehículos particulares. El Presidente precisó que esta nueva limitación se da con la finalidad de que las familias no se desplacen muy lejos de sus casas y eviten el contacto. Siguiendo su idea, resulta contradictorio pretender evitar el contacto entre las personas cuando están caminando o estén reunidos en un parque, más aún cuando en estas semanas han salido noticias de personas que no respetan el uso obligatorio de la mascarilla o el mismo distanciamiento social. Frente a esta evidente realidad, ¿no resulta más segura una familia paseando en su propio vehículo que caminando en lugares públicos? Paradójico.
Por otro lado, la nueva disposición podría tener —a mi modo de ver— indicios de inconstitucionalidad ya que, como mencioné al inicio, la Constitución expresa que solo algunos derechos pueden limitarse en un estado de excepción como: la libertad y seguridades personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito, sin embargo, en este caso la restricción del uso de vehículos particulares afecta al derecho de la propiedad de las personas, toda vez que se estaría impidiendo el libre uso, disfrute y disponibilidad sobre el bien del cual el propietario es poseedor y la constitución no avala la limitación de este derecho. Entiéndase que, al levantar la inmovilización social, se está poniendo fin a la limitación del derecho de libre tránsito, toda vez que el alcance de este derecho está relacionado a la libertad de locomoción de las personas —acto de trasladarse de un lugar a otro sin impedimento alguno y por cuenta propia— y no al tránsito vehicular como muchos confunden. En conclusión, las restricciones que ha tomado el gobierno, aparte de no arrojar resultados positivos, esta vez, no poseen una sólida base jurídica, pero la población no es capaz de observarla.
Lo que el gobierno viene demostrando en estos 6 meses de estado de emergencia, es una constante improvisación. El Presidente de la República y su equipo de trabajo han dejado evidente señal de una nula visión de la realidad nacional y de una pésima gestión gubernamental. Seguir insistiendo en las restricciones de derechos sin muestra de una mejora considerable no es el camino y, aún con 31,369 personas fallecidas, parecen no haber entendido. Seguir limitando el libre ejercicio de las libertades no tendrá el impacto que hubiese tenido una planta de abastecimiento de oxígeno que tanto se ha necesitado, dejar de utilizar un vehículo no representará la falta de camas UCI en los hospitales, amenazar con expropiar clínicas privadas no resolverá la mala gestión y ejecución de recursos en los hospitales públicos o, peor aún, construir testimonios falsos para intentar sorprender a la fiscalía no reemplazará los ochenta hospitales a los que se comprometió construir para julio y, que al día de hoy, no van ni en la mitad.
En vez de seguir limitando derechos, debería empezar a garantizarlos, por los más de seis millones de desempleados, por la recesión económica, por todos los que no recibieron los bonos y por todos aquellos que no volverán a ver a sus seres queridos.
