Entre las constantes luchas que pululan entre las personas afines al comunismo o al capitalismo —y también en otras sedes de discusión política— se encuentra la validez o no de la propiedad privada de los bienes materiales existentes en la sociedad. En un mundo de marcada diferencia social, parece ser demasiado complejo tomar bandera de alguna posición. Sin embargo, la importancia de la propiedad privada va más allá de una cuestión ideológica o de una aparente lucha de clases, como postula la filosofía marxista y sus derivados.
En estas breves líneas quisiera compartir en qué se fundamenta la necesidad de la propiedad privada en una sociedad democrática y por qué es tan importante para el desarrollo, sin soslayar las situaciones complejas que nacen de una incorrecta comprensión de este principio. Hablar de propiedad privada es referirnos a la idea de orden. Es imposible vivir en una sociedad donde todos sean dueños de todo o que uno solo se entronice como poseedor de todo bien (incluyendo al Estado). Es así que la propiedad privada nace como exigencia para una correcta administración de los bienes. Aunque existen circunstancias en las que se vislumbra la inexistencia de la propiedad, este sistema no es compatible con un estado ordenado y tiende, según la experiencia, al fracaso. La compleja realidad social requiere un orden en la administración de los bienes existentes que se concretiza en la posesión privada de los mismos.
No solo ello, sino que la propiedad privada se requiere para poder desenvolvernos en un ámbito autónomo de seguridad, evitando el abuso y la anulación de nuestros derechos frente a otros. De este modo, existe una relación fundamental entre propiedad, dignidad y libertad, no se puede hacer referencia a alguno de estos principios sin obviar los otros. Si reconocemos la dignidad del otro, hemos de proporcionarle un campo de autonomía en el que pueda desarrollarse con libertad y sin dependencia. Esto debe pasar, necesariamente, por el reconocimiento al derecho a tener y ser dueño de una parte de lo existente.
Si seguimos en esta línea de reflexión, vamos a concluir en que la propiedad privada existe para atender los derechos fundamentales: la conservación de la vida, el acceso a la salud y a la educación, la posibilidad de poseer una vivienda y cualquier derecho que podamos reclamar exige el reconocimiento a la posibilidad de protegerlos con medios propios. No se puede reconocer derechos fundamentales sin reconocer la libertad de poseer. Entonces, el derecho a la propiedad se convierte en vital, porque permite tutelar los demás derechos, los propios y los de aquellos que se tiene a cargo.
Por lo antes expuesto, existe una relación inseparable entre la democracia y la propiedad, donde la propiedad se convierte en uno de los núcleos esenciales de una recta convivencia, proveyendo de seguridad jurídica a todos los ciudadanos y creando un ambiente de respeto común, buscando el progreso de todos y respetando los bienes de cada quien. Es imposible pensar en una sociedad democrática, con todo lo que ella implica, sin la afirmación de la propiedad privada como parte fundamental de la misma idea.
Ajeno a lo que muchos piensan, la propiedad privada está enraizada profundamente en la vida social o, al menos, ha de estarlo. El poseedor debe encaminar su derecho a poseer hacia el bien común, reconociéndose a sí mismo como parte de una sociedad y llamado a cooperar con el progreso de la misma. En ese sentido, entre los ciudadanos ha de existir una vivencia natural de la solidaridad. Esta dinámica colaborativa parte de la igualdad de naturaleza entre los seres humanos. Pues, en definitiva, la propiedad privada no puede oponerse al progreso ajeno.
Llegados a este punto, es necesario reconocer que la errada comprensión de este principio ha traído como consecuencia el detrimento de la dignidad de muchas personas a lo largo de la historia. No podemos obviar los maltratos, abusos y desdeños que se han cometido haciendo uso de la propiedad por sobre quienes tienen menos. Sin embargo, estas secuelas negativas no se desprenden del principio, sino de su mala compresión y la falta de eticidad de los hombres.
Es evidente que existen desigualdades sociales —muchas de ellas inhumanas—pero el camino no se encuentra en la anulación de la propiedad privada, sino en la búsqueda del reconocimiento de este derecho a todos por igual. No se obtiene una sociedad justa sustrayendo los bienes de algunos, sino promoviendo que todos puedan tener acceso a la posesión de bienes propios. Si bien no podemos absolutizar el derecho a la propiedad privada, es importante reconocer que es un medio necesario para el pleno desarrollo personal y comunitario, así como para salvaguardar el respeto a la propia dignidad de todos los ciudadanos.
