En un gran paso hacia el avance del gobierno digital, el Perú ha emitido el Decreto Supremo N.° 075-2023-PCM, que modifica el Decreto Legislativo N.° 1412, también conocido como la “Ley de Gobierno Digital”. Este Decreto tiene como objetivo mejorar la implementación de tecnologías digitales y medios electrónicos en los procedimientos administrativos, promoviendo la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad en el sector público. Analicemos brevemente los orígenes, propósito y disposiciones clave de este innovador decreto supremo.
Orígenes y Propósito
El Decreto es resultado de los continuos esfuerzos del Perú por fortalecer su marco de gobierno digital y adaptarse a las necesidades en evolución de la era digital. La modificación se ha emitido para actualizar y alinear la Ley de Gobierno Digital con los avances tecnológicos actuales y las tendencias emergentes en los procedimientos administrativos. El Decreto busca fomentar el uso efectivo de tecnologías digitales y medios electrónicos, agilizando los procesos administrativos y mejorando la prestación de servicios públicos.
Disposiciones y Procedimientos Clave
Modificación del Ámbito de Aplicación: el Decreto amplía el ámbito de aplicación de la Ley de Gobierno Digital, abarcando una gama más amplia de procedimientos administrativos llevados a cabo por entidades públicas. Su objetivo es promover la adopción extensiva de tecnologías digitales y medios electrónicos en diversas tareas administrativas, incluyendo la gestión de documentos, comunicación y procesos de toma de decisiones.
Directrices para la Transformación Digital: el Decreto establece directrices y estándares para la transformación digital en el sector público. Hace hincapié en la necesidad de que las entidades públicas adopten plataformas digitales, sistemas y herramientas que faciliten la comunicación electrónica eficiente, la colaboración y el intercambio de información. El Decreto promueve la interoperabilidad y la integración de datos entre las entidades públicas para mejorar la coordinación y la prestación de servicios.
Seguridad y Protección de Datos: el Decreto establece medidas para garantizar la seguridad y protección de los datos en los procedimientos administrativos digitales. Exige a las entidades públicas implementar mecanismos sólidos de protección de datos, incluyendo la encriptación, autenticación y control de acceso, para resguardar la información sensible y mantener la integridad de los datos. Adicionalmente, el Decreto enfatiza el cumplimiento de las regulaciones y estándares de protección de datos pertinentes.
Gestión Electrónica de Documentos: el Decreto promueve la adopción de sistemas de gestión electrónica de documentos por parte de las entidades públicas. Fomenta la digitalización de documentos administrativos, facilitando su creación, almacenamiento, recuperación y preservación en formato electrónico. Esta disposición tiene como objetivo reducir la dependencia de la documentación física, mejorar el acceso a la información y aumentar la eficiencia general en los procesos administrativos.
Firmas y Certificados Digitales: el Decreto establece el marco legal para el uso de firmas y certificados digitales en los procedimientos administrativos. Reconoce la validez y efecto legal de las firmas electrónicas, permitiendo su uso en documentos y transacciones digitales. Esto garantiza la autenticidad, integridad y validez de los documentos firmados electrónicamente.
Contratación de Servicios Digitales: el Decreto introduce directrices para la contratación de servicios digitales por parte de las entidades públicas. Promueve la competencia justa, la transparencia y la eficiencia en la adquisición de soluciones y servicios digitales, asegurando que las entidades públicas obtengan la mejor relación calidad-precio. Finalmente, el Decreto enfatiza la necesidad de procesos de contratación adecuados, incluyendo la especificación de requisitos, criterios de evaluación y gestión de contratos.
Conclusión
Esta modificación de la Ley de Gobierno Digital representa un paso muy significativo hacia el avance de la transformación digital y la mejora de los procedimientos administrativos en el país. Mediante el fomento del uso efectivo de tecnologías digitales y medios electrónicos, el Decreto busca mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad en el sector público. Esperemos con optimismo que la implementación de este innovadora modificación conduzca a la simplificación masiva de los procesos administrativos, mejore la prestación de servicios y promueva un gobierno más ágil y moderno desde el punto de vista digital.
