En un movimiento revolucionario que podría modificar radicalmente el panorama de la administración pública en el Perú, la congresista Jhakeline Ugarte Mamani, perteneciente al grupo Unidad y Diálogo Parlamentario, ha presentado un novedoso proyecto de ley que ordena la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en todas las entidades del gobierno peruano. La legislación propuesta tiene como objetivo impulsar al Perú hacia la era de la tecnología avanzada, pero sus posibles consecuencias han generado tanto entusiasmo como preocupación.
Si se promulga el proyecto de ley propuesto por la congresista Ugarte Mamani, se requeriría que todos los organismos del gobierno peruano adopten tecnologías de inteligencia artificial en sus operaciones diarias. Mientras la Generación Z aplaude la iniciativa por su potencial para digitalizar el gobierno, mejorar la eficiencia, reducir los cuellos de botella burocráticos y mejorar la prestación de servicios públicos, existen desafíos notables que exigen una cuidadosa consideración.
Se trata de una revolución tecnológica en la administración pública. La legislación propuesta señala un cambio significativo desde los procesos burocráticos tradicionales hacia un enfoque más orientado a la tecnología. De aprobarse, requeriría una transformación muy rápida y completa en la forma en que operan los organismos del estado peruano. Los jóvenes, entusiasmados por la medida, ven en ella beneficios potenciales que incluyen flujos de trabajo simplificados, toma de decisiones basada en datos y una mayor y más rápida capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Sin embargo, organismos del estado no preparados enfrentan serios desafíos. La naturaleza ambiciosa de la propuesta plantea preocupaciones inmediatas sobre la preparación de las agencias gubernamentales para implementar y gestionar sistemas de IA de manera efectiva. Muchos organismos administrativos en el Perú carecen actualmente de la infraestructura, experiencia y recursos necesarios para incorporar la IA de manera fluida en sus operaciones. Lo siguientes son solamente algunos de ellos.
- Infraestructura y capacitación: El repentino mandato de integración de IA puede tensionar a las organismos que carecen de la infraestructura tecnológica necesaria. Programas de capacitación adecuados serán esenciales para equipar a los empleados públicos con las habilidades necesarias para navegar y gestionar sistemas de IA de manera efectiva. En un país donde todavía el adagio “papelito manda” rige la administración pública, el salto cuántico a la IA presenta un reto formidable, no solamente en recursos humanos, sino en la mentalidad de los empleados del estado peruano, que prefieren “Un champancito hermanito”, genialmente descrito por Julio Ramón Ribeyro. No se trata de que falte espumante ni vasos de plástico para celebrar un cumpleaños en el sótano del otrora Ministerio de Educación. Se trata de un cambio total para el que los “baby boomers” empleados por el estado peruano muy probablemente no están preparados.
- Seguridad de datos y privacidad: A medida que los organismos gubernamentales hacen la transición a procesos impulsados por la IA, garantizar la seguridad y privacidad de los datos sensibles de los ciudadanos se vuelve primordial. En este contexto, es imprescindible diseñar e implementar robustas medidas de ciberseguridad para proteger los datos personales y la información confidencial contra seguras y agresivas amenazas y ataques cibernéticos a lo “Leaving The World Behind” (o “Dejando el mundo atrás”), reciente película de NETFLIX en la que se prefiguran las muy probables consecuencias de un ataque contra los Estados Unidos mediante un IEM o “Impulso Electromagnético” (que causa una disrupción de todas las comunicaciones y de la red eléctrica, haciendo que el país, en términos tecnológicos, regrese a la edad media).
- Implicancias financieras: La carga financiera asociada con la adopción de tecnologías de IA sería sustancial. Las limitaciones presupuestarias, que son muy comunes (aunque podrían ser financiadas por organismos Internacionales) pueden obstaculizar la capacidad de ciertos organismos estatales para invertir en soluciones de IA de última generación, lo que podría llevar a disparidades en la implementación en diferentes sectores y regiones del Perú.
- Consideraciones éticas: Desde un inicio, el solo uso de IA en la administración pública plantea preguntas éticas, incluida la transparencia, la responsabilidad y posibles sesgos en la toma de decisiones. Por ello, frente a la propuesta de la Congresista Ugarte Mamani, es imprescindible, primero, establecer pautas éticas, y segundo, implementar estrictos mecanismos de supervisión. Estas medidas aparentemente mínimas son realmente cruciales para enfrentar, por lo menos, las principales consideraciones éticas.
Navegar hacia el futuro en un terreno tan nuevo y cambiante como la IA exige un enfoque colaborativo que involucre a organismos gubernamentales especializados, expertos en tecnología, cooperación internacional de agencias altamente especializadas como USAID, y la cooperación y también el financiamiento colaborativo del sector privado en la etapa de implementación. Establecer una hoja de ruta integral para la implementación de la IA en el gobierno del Perú requiere, entre otras cosas, priorizar programas de capacitación y crear alianzas con expertos innovadores tecnológicos para allanar el camino hacia una transición fluida.
En el análisis final, la ambiciosa propuesta de la congresista Ugarte Mamani parece un intento por destacar el compromiso del Perú con la adopción de innovaciones tecnológicas en el sector público, ya recogida en la ley sobre IA promulgada el año pasado. Pero, el éxito de un esfuerzo de esta magnitud depende de un muy cuidadoso equilibrio entre el deseo de las nuevas generaciones de subirse al carro de las nuevas tecnologías – sin pensar mucho en lo que ese salto cuántico realmente significa – y las consideraciones prácticas de su implementación. Como decimos los peruanos cuando se nos “prende el foco” y tenemos una idea muy novedosa como esta sobre la implementación de la IA en todo el gobierno del Perú, es crucial – yo diría una condición sine qua non – el asegurar primero que todos los organismos del estado estén adecuadamente preparados, debidamente financiados, y por supuesto psicológicamente preparados para enfrentar los desafíos que presenta un cambio radical en el modo de hacer las cosas (que afectaría a todo ciudadano que por su edad no sea un “nativo digital”) y solamente habiendo evaluado y pensado bien lo que se pretende llevar a cabo, aprovechar las oportunidades que nos ofrece la integración de la IA y el consecuente reemplazo de las clásicas “ventanillas” y los sellos de tinta y tampón. Ricardo Palma nos pediría mucho más. Y debemos de estudiar la interacción del Estado con el ciudadano, desde la colonia, los albores republicanos, hasta el presente cuando todavía una gran mayoría acude a tinterillos en las afueras de los juzgados que escriben en máquinas Remington de hace 70 años y todavía siguen utilizando el proverbial “OTROSI DIGO”, vocablo totalmente ininteligible e inexcusable en la era de los ordenadores comunes. Imaginen una operación entre un ciudadano y el Estado robótico premunido de IA: ¿OTROSI DIGO?
