El pasado viernes 21 de agosto se encontraba en agenda del pleno del Congreso debatir sobre el retiro del 100 % de los aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). La sesión se suspendió tras la llegada del Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos y la Ministra de Economía, María Antonieta Alva. La visita fue con la finalidad de disuadir a la representación nacional de dar un voto favorable a esta medida que, de ser favorable, el ejecutivo utilizará los medios legales oportunos para detener esta medida económica populista.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es la encargada de administrar los fondos aportados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). El SNP es un mecanismo solidario mediante el cual las aportaciones de cada persona forman un fondo común y se redistribuyen de forma proporcional a los pensionistas todos los meses. Este sistema, a comparación de las AFP, es administrado por el Estado peruano y le garantiza a todas las personas mayores de 65 años una pensión máxima de S/ 893, siempre y cuando hayan aportado durante 20 años. En esta ocasión, los beneficiarios de esta propuesta serían las personas de 55 años o mayores de esta edad que no lograron 20 años de aportaciones. Las razones por las que la propuesta legislativa es negativa son las siguientes:
Primero, es errado decir que es el dinero de los aportantes, pues en realidad es el dinero de los jubilados quienes reciben mensualmente su pensión. Recordemos que no es el mismo mecanismo de las AFP en la que cada aportante tiene una cuenta individualizada. Por el contrario, el Sistema Nacional de Pensiones es un mecanismo solidario donde los aportes van a un fondo común para que el Estado pague mensualmente la pensión de los jubilados. Entonces, si esta medida legislativa se aprueba, dejaría sin fondos al Estado para poder pagar la pensión a muchas personas de 65 años que sí aportaron durante 20 años.
Segundo, esta medida es una salida muy cortoplacista, pues ocasionaría que aquellas personas que retiren la totalidad de sus aportes se queden sin una futura pensión vitalicia. Esta consecuencia, a largo plazo, no la están tomando en cuenta; dejando de lado que llegará un momento en el que no podrán trabajar y, por ende, ya no percibirán ingresos poniendo en peligro el futuro de las personas de tercera edad. El Congreso no prevé que esta propuesta lejos de beneficiar al aportante lo perjudica a largo plazo, colocándolo en una situación de vulnerabilidad.
Una vez más, la solución facilista que propone el Gobierno a este problema es el otorgamiento de futuros subsidios, siempre y cuando no se apruebe la propuesta. Al ser el Sistema Nacional de Pensiones subvencionado por el Estado, el desbalance y desfalco económico que generaría el retiro total de los fondos tendría que ser solucionado por el Estado a través de nuevos subsidios. Estos han demostrado ser ineficientes, como los bonos, que no llegaron a los que realmente lo necesitaban y, más aún, ni siquiera el bono de 760 soles se ha terminado de repartir. En relación a esto, los subsidios en el futuro ocasionarían efectos en la política tributaria en sus distintas modalidades: presión tributaria, ensanchamiento de la base tributaria, nuevos impuestos, etc. En consecuencia, una vez más la población tendría que soportar los rezagos de las negligencias gubernamentales.
La tercera y última consecuencia, pero no la menos grave, es la situación Política. Esta propuesta, hecha por la Comisión de Economía, tiene carácter inconstitucional, pues el Congreso de la República no tiene competencia para poder legislar sobre gasto público y que genere presión al Gobierno frente al tesoro público, como expresa el artículo 79° de la Constitución política del Perú. A raíz de ello, el Poder Ejecutivo tendría todas las facultades para interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, en caso la declare fundada —lo que sería jurídicamente correcto— ocasionaría una nueva disputa entre Ejecutivo y Legislativo, llevándonos al mismo hoyo de siempre, una nueva crisis política.
