El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció a mediados de abril que su gobierno, a través del Ministerio de Educación, estaba comprando tablets para escolares de zonas rurales y urbanas en situación de pobreza que, por la coyuntura, dejarían de tener educación presencial debido al cierre de establecimientos educativos públicos y privados.
«En Consejo de Ministros se aprobó un decreto legislativo en materia de educación rural que consiste en cerrar una brecha educativa entre la ciudad y el campo, más aún en esta etapa de la epidemia, donde se debe evitar la concentración de personas y cuando la educación presencial está suspendida», aseguraba el 18 de abril, luego de la segunda ampliación del confinamiento.
En su momento, Vizcarra Cornejo no dio fechas fijas ni algo parecido respecto a la llegada de los equipos, sino dejaba a la incertidumbre, aunque con esperanza, la educación de los menores de miles de familias de escasos recursos.
Casi dos meses después, a inicios de junio, el mandatario volvía a hablar de sus preciadas tablets, una de las tantas promesas no cumplidas que ha tenido durante su gestión. Con toda la seguridad que no lo caracteriza, aseveraba que «a finales de julio estarán disponibles, y en agosto empezarían a estudiar los niños».
Entonces, las tablets prometidas en abril, las empezaban a comprar en junio, estimaban que llegasen en julio y serían útiles en el tercer cuatrimestre del año. Todo esto, mientras el proyecto ‘Educación Digital’ de Fundación Telefónica ya alcanzaba a través de aulas digitales cerca de 105 mil escolares y a un total de 325 mil alumnos y profesores mediante programas educativos online. En síntesis, el sector privado, sin obligación, brindaba educación a quienes lo necesitaban, nuevamente superaba a la burocracia y sus funcionarios, quienes sí estaban obligados.
Pero ahí no quedó la falencia del coloso Estado. Días atrás, a finales de julio, el Ministerio de Educación emitió un comunicado, en el cual daban cuenta de que su multimillonaria compra se había caído. Sin tablets en el tercer cuatrimestre del año y con casi 4 meses de desventaja frente a alumnos del sector privado, la educación de más de un millón de alumnos se frustró por incapacidad.
Regular
Pese a que queda claro que los programas educativos del Estado frente a la pandemia han fallado, durante su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, nuestro estulto presidente continuó celebrando que se promueva la «educación pública y privada, con una adecuada regulación del Estado». Por su puesto, «adecuada» no es nada menos que imponer qué se estudia, cómo se estudia, lo que se puede cobrar y lo que no, entre las exigencias más dañinas.
No es la primera vez
Como era de esperarse, no es la primera vez que las promesas presidenciales no se cumplen en el sector educación. Durante una entrevista con Monica Delta llevada a cabo el año pasado, el presidente aseveró que su gestión entregaría «más de 1000 nuevos colegios» en el 2019.
Por supuesto, en el balance final del año, el Ministerio de Educación, en ese entonces dirigido por Flor Pablo, presentaba una infografía tan falsa como lamentable. El mismo día, en horas de la mañana, se presentaba la gráfica con letras gigantes en las que decía «1022 escuelas construidas»; sin embargo, horas después, cambiarían «construidas» por «culminadas»; obviando que si quiera eran «culminadas», pues muchas habían sido solo «refaccionadas».
Conclusión
El presidente nuevamente ha fallado. Ha dejado en claro que dentro de los pilares de su gestión no están la transparencia ni la eficacia. Nos induce a creer que prefiere las cosas mal hechas, pero con su nombre/firma, antes que bien, pero con la firma del privado.
La educación pública se encuentra en coma; la privada, en riesgo por las decisiones de quienes dirigen la pública. A todo esto, le sumamos el alelamiento congresal con propuestas populistas, antitécnicas e inviables, las cuales solo empeorarán el panorama y ahondarán la crisis.
Alejar la política de la educación no es una recomendación, es una urgencia.
