La inmunidad parlamentaria es una de las diversas prerrogativas inherentes a la función parlamentaria que se disponen en la Constitución Política del Perú de 1993, así como en el Reglamento del Congreso de la República (RCR).
A diferencia de nuestra democracia -que a duras penas puede llevar ese nombre- los países con democracias bien asentadas como Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Canadá, no tienen la necesidad de poseer dicho fuero. Esto,en vista de que en las mencionadas naciones el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto a la palabra de un representante congresal, existen. Lo mencionado no se repite en nuestro país, razón por la cual la inmunidad parlamentaria tiene un carácter necesario.
La inmunidad de los legisladores en stricto sensu se puede entender como el no poder ser detenido ni procesado sin autorización previa de una entidad pertinente, en el caso del Perú, el consentimiento de la mitad más uno del total de congresistas (art. 16 del RCR).
El origen de la inmunidad congresal se sienta sobre la doctrina de la separación de poderes, dispuesta en el art. 43 de la Carta Magna y, en la representación política, una de las tres funciones principales de los miembros del Parlamento Nacional. En esta línea, debo resaltar que al ser elegido por el voto del ciudadano, su función se legitima y realiza sus prácticas a nombre de la Nación, no a título personal.
Respecto a lo anterior, no dudo en aseverar que el fuero parlamentario no es un privilegio, como indican diversos medios de comunicación, politólogos, ministros o inclusive Martín Vizcarra; yo lo veo como una garantía institucional, la cual protege y sirve como «escudo» ante posibles ataques de a quien el legislador busca señalar o culpar de una acción ilícita. Es decir, a la hora de cumplir su rol fiscalizador, resultaría inviable no gozar de la mencionada garantía.
Destaquemos que el problema no es la figura «inmunidad parlamentaria»; sino la crisis de representación que padece el Congreso de la República y que no es causa de los elegidos, sino de los electores.
En lugar de continuar creyendo que quienes nos representan son el problema, debemos instar en que nosotros somos quienes los ponen donde están. Mientras no cambiemos nuestra populista mentalidad el problema seguirá dentro de nuestras instituciones.
No han faltado ni faltaran los candidatos que propongan desaparecer la inmunidad o que afirmen «quien no la debe, no la teme». Lo anteriormente mencionado constituye populismo en su sentido más puro y justamente ahí radica la raíz del problema.
