Para deslegitimar a la iniciativa privada en educación basta con afirmar que lo suyo es el lucro. De este modo, se le cancela la posibilidad de que cualquier otro motivo pueda moverla: la solidaridad, el altruismo, el bien común, la ayuda, la integridad, los valores humanos, la formación y la mejora integral de los niños y jóvenes. Además, bajo ese supuesto, se definen políticas teñidas de un tinte ideológico que simplifica y reduce la realidad (Carlos de Cores, 2020). En la opinión pública, se configura el sentir de que solamente la educación que brinda el Estado es la verdadera educación, la única capaz de atender el bienestar general, así como de defender los derechos humanos y democráticos. Si desde las altas esferas gubernamentales se promueve que la finalidad de la educación privada es el lucro, se entiende el por qué no se la considera como parte integrante del sistema educativo nacional. No tienen en la práctica los derechos, todos son concedidos y consagrados en la Constitución. Tampoco se las incluye en los programas, propuestas o recursos provenientes de la cooperación internacional. Asimismo, el corpus normativo orientado a la educación privada, es claramente economicista y de control. En suma, a la educación privada se la tolera, hasta ahora… por mandato de la Carta Magna.
Lucrar significa conseguir lo que se desea, sacar provecho de un negocio o encargo. Lucro es una palabra cuyo sentido se ha desvirtuado. Su sola alusión —reactivamente— configura la percepción de una escuela malévola que busca desmedidamente poner el dinero por encima de sus fines: las personas y su enseñanza-aprendizaje. Con todo, ¿qué se pensaría de una institución que para funcionar —intencionadamente— pierda y desperdicie dinero y recursos? Nada positivo, sobre todo porque no es frecuente emprender algo con ese propósito. Lo que sí es evidente es que tan perversa es una escuela que obcecada y desalmadamente procure el beneficio económico, como aquella que por displicencia, mediocridad, capricho o cortoplacismo dilapida sus recursos económicos. En el primer caso, el interés particular, la preeminencia del capital sobre el trabajo y una mezquina composición de su servicio es lo que caracterizaría a una escuela movida por el afán de lucro.
En cambio, el despilfarro y la pérdida habitual de recursos da noticia de una incapacidad para apostar por la continuidad, por el cumplimiento de sus fines y mantenerse vigente en el tiempo, con lo cual estafa a sus usuarios, enajenándoles su futuro al truncar su presente. En todo el Perú, no una sino muchas escuelas, han superado los 25 años brindando servicios a varias generaciones de alumnos; sin embargo, lejos de reconocer que sus propuestas educativas siguen siendo atractivas para los padres de familia, el legislador piensa que el único propósito que las mueve es el ánimo de lucro.
No existe actividad alguna que no requiera de recursos económicos para operar. La enseñanza brindada por el Estado es gratuita, pero aplicarla oportunamente y a disposición no es gratuito. Es el Ministerio de Economía a través de la respectiva cartera el que sufraga los sueldos y salarios de todo el personal docente y no docente, los recursos didácticos, el mantenimiento de la infraestructura, la tecnología, las ampliaciones o las nuevas construcciones, etc. La diferencia con la educación privada radica en que esos costos no los recaba de los usuarios, los obtiene vía el cobro de los impuestos de todos los ciudadanos.
Decíamos que una acepción de lucro es conseguir lo que se desea. Tomando ello en cuenta, las variadas normas que el MINEDU emplaza de cara a la iniciativa privada, ¿no destilarán un descarado y punzante ánimo de lucro? Gracias a los férreos y constantes controles y supervisiones orilla a los colegios —con los montos desfasados de sus multas— hacia el precipicio de la quiebra económica. A su vez, basado en el poder sancionador, ha dejado expedito el camino para imponer un pensamiento, un modo y unas conductas «educativas» uniformes con arreglo al tipo de ciudadano que se han pergeñado. Conseguir sus propósitos ideológicos a través de las leyes economicistas, a mí me sabe a un lucro desmedido.
