Este viernes 23 de octubre el pleno del Congreso de la República aprobó por contundente mayoría el marco jurídico para las empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) o Ley de la Sociedad BIC. El proyecto, presentado por el congresista Alberto de Belaunde, es una iniciativa del abogado Juan Diego Mujica Filippi apoyada por la organización Sistema B Perú. En Latinoamérica, Sistema B nació en el año 2012 para promover en la región una economía nueva que genere bienestar a las sociedades y a la naturaleza, a través de las Empresas B. Estas empresas no sólo pretenden el logro de objetivos económicos sino también sociales y ambientales. Obtienen esta denominación de “B-Lab”, una organización norteamericana sin fines de lucro que verifica que la empresa haya logrado un puntaje mínimo de 80 puntos (sobre 200) en la evaluación que mide la adopción de prácticas sostenibles en cinco criterios: Gobernanza, Comunidad, Trabajadores, Clientes y Medio Ambiente. Las empresas B formalizan en sus estatutos su triple propósito (económico, social y ambiental) y practican modelos de negocio que beneficien a todos las partes involucradas. Según la página de B Lab, existen más de 3,500 empresas B, en más de 70 países, en 150 industrias.
¿Por qué es importante la ley BIC para el Perú? Según la página de Sistema B Perú, existen más de 30 empresas B en sectores tan diversos como consultoría, educación, agro, belleza, finanzas, salud, etc. Sin embargo, de acuerdo al INEI existen más de 2 millones de empresas, las cuales probablemente desconocen que existen modelos de negocio que pretenden este triple propósito y es posible que muchas de ellas no estén teniendo en cuenta a todos sus grupos de interés o a la naturaleza y peor aún, sin tener conciencia del daño que les pueden estar ocasionando por los insumos que utiliza, por cómo producen o por cómo eliminan sus desechos, por ejemplo. La empresa que decide hacerse BIC se compromete, por propia voluntad, a generar triple impacto (económico, social y ambiental) con su modelo de negocio, beneficiando a todos sus grupos de interés o stakeholders. Por otro lado, está documentado en diversas fuentes académicas la tendencia hacia la sostenibilidad, una preocupación que ha llegado al ámbito de los negocios desde hace un tiempo y que, según diversos especialistas, ha venido a quedarse. Así también, ha crecido la tendencia del consumidor consciente, aquel que se informa más por los productos que adquiere y se asegura de consumir sólo aquello que no comprometa sus valores, en especial, en torno al cuidado de la dignidad humana y de la naturaleza. En la misma línea, cada vez más, los bancos buscan financiar proyectos de triple impacto.
El mundo está cambiando. Miles de personas están cada vez más ocupadas en resolver, mediante sus negocios, las diversas problemáticas que enfrentan en sus entornos. A nivel mundial, empresas como Natura (cuidado personal), Danone (alimentos) y Patagonia (ropa) destacan en sus prácticas vinculadas con la atención de sus stakeholders. En el Perú, Ikigai (consultoría), Universidad Continental (educación), Caja Centro (finanzas), Doktuz (salud), Recidar y Sinba (reciclaje), Höseg (ropa), entre otras, destacan respecto al triple impacto que pretenden con sus modelos de negocio en los sectores en los que se desenvuelven. Todas ellas son empresas B; en general, cualquier empresa que sea una Sociedad Anónima Cerrada (SAC) o Sociedad Anónima (SA) podría convertirse en BIC y podría tener la posibilidad de certificarse posteriormente como empresa B mediante la adopción de prácticas sostenibles con sus grupos de interés y su posterior evaluación por parte de B Lab. Las personas jurídicas ya constituidas o por constituirse que decidan adecuarse a este nuevo régimen aprobado, deberán hacer constar este pacto en su estatuto e inscribirlo en el Registro de Personas Jurídicas. El estatuto de la sociedad BIC incluirá una descripción detallada del propósito de beneficios que persigue la empresa. Este tipo de sociedades ya existe en Italia, Estados Unidos, Colombia y Ecuador; y Sistema B sigue promoviendo que este tipo de iniciativas se sigan consolidando en Latinoamérica.
Según el INEI, el 20% de la población se encuentra en situación de pobreza y de acuerdo al Ministerio del Ambiente, la deforestación, la contaminación del aire y del agua, son algunos de los problemas más severos que afectan nuestra naturaleza. El estado y algunas organizaciones de la sociedad civil ya han empezado a tomar acción para resolver estos problemas; sin embargo, ¿acaso éstos no son también responsabilidad de las empresas? Más aún si son grandes consumidoras de recursos sociales y ambientales. ¿O es que deberían desarrollar sus operaciones de espaldas a su contexto? Por supuesto que no. Esta ley podría ser el inicio un plan B para las empresas, un plan más responsable y solidario con nuestra sociedad y medio ambiente. En realidad, un plan en el que las futuras empresas sean buenas para nuestro país, para nuestro planeta.
