Las normas emitidas por el Ministerio de Educación referidas a la escuela privada, por paradójico que parezca, tienen una orientación más económica que educativa. Le interesa más la protección de la economía familiar que la protección de la libertad de enseñanza y la calidad de los servicios educativos —públicos y privados—. Lo cierto es que, con ese afán miope de centrarse en los ingresos de las escuelas, ha alterado el orden y tergiversado los fines propios de la educación. Lo grave es que ha enturbiado la naturaleza de la relación familia-colegio. Al punto que mantienen en tensión y enfrentan a los padres con el colegio y viceversa. Los colegios son los «malos» que abusan y los padres, frente a ese poder malsano, están desamparados y a merced de sus fauces.
El legislador desconoce que los padres de familia son los que eligen la escuela, conociendo previamente sus principios, su propuesta educativa y las condiciones de su funcionamiento. Más adelante, el vínculo que se establece no es en mérito de los pagos que se efectúan, sino en virtud de la formación y educación del hijo. Ambas instituciones se comprometen y en esta tarea invierten sus mejores esfuerzos. Dicho vínculo se refuerza y se va haciendo vida bajo dos premisas fundamentales: a) delegación de autoridad y b) confianza en la idoneidad y en la rectitud de intención del colegio para lograr los objetivos educativos que el padre desea para sus hijos. Por eso, cuando prima la desconfianza y el recelo se corre el riesgo de quebrar el proceso educativo del niño, porque no existe el ánimo ni menos la disposición para dialogar y acordar estrategias conjuntas para acompañarlo y ayudarlo en su crecimiento.
Ignora el legislador que en un colegio las necesidades e inquietudes de las familias difieren en orden a la edad y al grado que cursa el alumno. Aún más, ignora que las relaciones con cada familia son distintas —a pesar de que existan normas comunes propias de la convivencia y organización escolar— en virtud de las diferencias individuales de los hijos. Por tanto, dentro de este marco, el tema económico es tratado y respondido de modo personal y con la discreción debida. Los colegios adquieren prestigio no porque reciban puntualmente el pago de las pensiones escolares. Su mayor interés es que sus alumnos se formen con arreglo a la visión educativa ofrecida y que, cuando egresen, puedan acometer con gran solvencia sus proyectos personales
El legislador presume que el asunto más álgido entre los padres y el colegio es el económico. La mayoría de los padres de familia no se perciben como clientes. El cliente es el que paga y por ello solo tiene derechos. En la educación, el padre paga para que el centro educativo le garantice que es en efecto una eficaz ayuda calificada para complementar la educación de su hijo. Pero también sabe que sin su concurso el colegio poco puede hacer. La pedagogía moderna apunta cada vez más a que los padres se involucren en la formación escolar de sus hijos.
Si de veras le preocupara el tema educativo, el MINEDU debería poner el acento en el proceso. ¿Por qué no animar a que los colegios capaciten permanentemente a sus docentes? ¿Por qué no estimular a que los colegios innoven, investiguen y sugieran nuevas propuestas educativas? ¿Por qué no promover intercambios y apoyos entre los directivos, educadores y alumnos de los diversos colegios a nivel nacional? ¿Por qué, en suma, no garantizar que el padre de familia elija la propuesta que más aprecia para sus hijos, otorgando los denominados cheques escolares? Lesionar la confianza y enfrentar a los colegios con los padres, eso sí es lo que frena el desarrollo de la calidad educativa.
