Lee la primera parte: El acoso a la libertad de enseñanza.
El intervencionismo estatal es una práctica de larga data. No obstante, en la actualidad el nuevo pretexto para continuar en su empeño controlista es luchar contra la corrupción, la informalidad y la baja calidad educativa. El Ministerio de Educación (MINEDU) al no contar con argumentos enjundiosos, ni con una gestión eficiente, menos con resultados que respalden sus políticas, ha optado por utilizar su poder de legislar pergeñando irregularidades, determinando sanciones y cuantificando multas. Este poder que ostenta el MINEDU ha devenido en coercitivo por tres razones: a) Es parcializado, su foco es la escuela privada, a la que con el sanbenito de lo informal o de lo mercantil, la cuestiona y sanciona; b) Los estándares de calidad a los que invoca para medir y multar ¿ los ha implementado con éxito en sus colegios ¿Sirven como modelo? De lo contrario ¿con qué autoridad moral se arroga la idoneidad de evaluar a los colegios que no caen bajo su gestión?; y, c) Las sanciones pecuniarias constituyen ingresos propios y, si a ello le sumamos el aumento en la discrecionalidad del funcionario, la consecuencia es obvia: la vitalidad de la escuela privadas corre el riesgo de “secarse” por exacción.
Las multas no tienen como propósito el enseñar o el corregir. El legislador “tiene la certeza” de que “intencionalmente y con malicia” la escuela transgrede una norma; por tanto, el monto tiende a paralizar, a quebrar las defensas económicas de un centro educativo. El MINEDU es uno de los pocos ministerios que anualmente se le ha asignado mayor presupuesto. ¿Qué razón poderosa justifica que tenga el poder de inflar más sus arcas?
No satisfecho con su posición de dominio – ojalá fuera porque destaca en lo pedagógico, en la gestión, en la elaboración de documentos de estudio y de promoción de la investigación – ha entrado a competir deslealmente con la educación privada. Los medios de comunicación han dado cuenta de que el MINEDU ha incrementado los sueldos a sus docentes, lo cual es loable y lícito. No obstante, para que se equitativa y justa dicha medida, los privados deberían de tener la misma versatilidad para hacer lo propio con sus maestros. ¿Habrá olvidado el ministerio que en los colegios los privados los padres de familia pueden dejar de pagar las pensiones escolares todo un año lectivo, gracias a que cuentan con su apoyo? ¿Habrá olvidado también que las escuelas privadas para corregir sus precios – siquiera a nivel de la inflación – tienen que pedir la anuencia de la Instancias intermedias educativas estatales? En buen romance, la brecha salarial entre los docentes de las escuelas públicas y no estatales, la acentúa el MINEDU, dificulto – salvo que muden las reglas de juego – que los colegios particulares puedan cerrarla.
La sobrerregulación ejerce presión sobre la oferta. Salir airoso de una denuncia interpuesta por un ente estatal implica haber cumplido en exceso con todas sus reglas y superar “revisiones” maleables y, sin término porque se acomodan a la mirada y al ánimo del funcionario de turno. Así, entre trabas y multas, brindar un servicio o producir un bien se encarece, pero no solo en términos de mayores costos, sino en el tiempo y esfuerzo invertidos para cumplir con los interminables requisitos, lo que lleva a descentrar la atención en el corazón de la actividad para centrarse en evitar ser punible de sanción por desacato. Si la mejora del servicio o de la institución se castiga, ¿a quién se perjudica? El intervencionismo del Estado no se aparca en lo académico o económico, busca imponer su ideología, afectando la sana pluralidad. El legislador prefiere la uniformidad, instaurar un pensamiento único, pero lo quiere sin invertir dinero, sino violando los bolsillos de los padres de familia y de las escuelas particulares.
“La ley busca promover la calidad educativa; por tanto, quien se opone a ella, lo hace también con la calidad”. Formulada así esta proposición sabe a sofisma y, además, guarda matices de despotismo. La burocracia se apoderó de la calidad como idea y propósito. Como toda escuela quiere que la calidad distinga el servicio educativo que ofrece, objetar la ley supone, ponerse a contrapelo de lo moderno, de la innovación y de la eficiencia. ¿Con que autoridad el MINEDU determina el territorio de la calidad? ¿qué modelo de calidad propone a las escuelas privadas, para que pueden seguir sus pasos e imitarla? De otro lado, en la afirmación aludida: “si se rechaza la ley, se rechaza la calidad”, no solamente brilla la intolerancia sino que supone: a) desorden administrativo por falta de norte y desconocimiento de la pretensión de la norma; y, b) una estrategia preconcebida que utilizando lenguaje y formas convencionales busca cambiar la esencia de las cosas. El resultado sería que un ciudadano, con atuendo de playa, despierte un buen día en la proa de una lancha… pero encallada en medio del desierto rodeada de cardos. Una norma debe conducir hacia el bien, procurando que, pacíficamente coexistan los intereses particulares sin subvertir el orden social. Desde esta perspectiva, el entramado de artículos e incisos de una ley señala como alcanzar la conducta esperada. Pero sí lo que rige la ley es la punición y la magnitud del monto de las multas, las escuelas privadas, algunas correrán el riesgo del cierre definitivo y no pocas, pagarán un alto costo en su recuperación por los daños causados: en lo económico, en el tiempo perdido, en la moral corporativa y en su buen nombre. Cuando el espíritu de una ley toma como sinónimos: debilidad, ignorancia, mala fe y perversidad y, en todos los casos, la sanción es monetaria, el dinero se configura como parte de la solución. Quien actúa con malicia sabe cómo utilizar en su beneficio la discrecionalidad de un funcionario; la impotencia de quien por desconocimiento infringe la ley, se obliga a reordenar su presupuesto sobre la marcha para cumplir con el Estado. Conclusión no se ha producido aprendizaje; en ambos casos, la que se perjudica es la calidad en el servicio educativo ¿con qué ánimos o con qué recursos podría alguien invertir en mejorar su escuela si el Estado interviene como un tercero precario?
