Lee la segunda parte: El acoso a la libertad de enseñanza: intervención, ¿para qué?.
La educación, como todo lo que hace referencia a lo más consumado del hombre, es un concepto equivoco: sus diversas interpretaciones, visiones y actividades no hacen sino enriquecer su trascendencia. Pero esa apacibilidad conceptual se mal usa cuando se la coloca entre bandos contrarios: derecho-deber; libertad-responsabilidad; gratuidad- no gratuidad; control del estado- autonomía; pensamiento único- pluralidad de opciones; creencias religiosas- laicismo; el colegio- los padres de familia; el estado- los ciudadanos, etc… Mientras se aticen las brasas de lo antagónico, de la dialéctica, de los opuestos, los acuerdos y soluciones a los que se lleguen serán frágiles o impuestos por grupos de poder o por un Estado impersonal. La polarización a la mejor usanza marxista la ha introducido Indecopi [1], no lo dicen abiertamente, pero su ácida información publicitaria ha logrado imponer en la percepción colectiva que las escuelas de gestión privada abusan, atropellan, engañan, maltratan, etc.
La multiplicidad de escuelas promovidas por la iniciativa privada, no tienen como objeto competir con las de gestión estatal ni tampoco convertirse en paladines de la calidad. Lo suyo es: a) garantizar la pluralidad de propuestas educativas para que, entre ellas, la familia elija la que mas se acomde con su proyecto familiar educativo; b) mantener activamente vigente la valía de la convivencia democrática en la medida en que se respete y valore puntos de vista diferentes pero convergentes en el bien común de un país. Por el contrario, familias con pensamiento único aportarán a la sociedad ciudadanos alineados a lo que el poder de turno quiera.
Las escuelas no pueden ser tratadas como una suerte de laboratorios en donde se ensayen cada tanto ‘ideas felices’ pergeñadas por los gobiernos de turno. Las escuelas: los padres de familia, los profesores y los alumnos, merecen respeto y consideración. La imposición voluntarista de idea afecta radicalmente 1) a la exquisita naturaleza de las cosas, 2) a la dignidad y libertad de las personas; y, 3) a la esencia de las escuelas: la trasmisión de conocimientos y valores.
Cuando un usuario recibe un bien o servicio a satisfacción y, de modo unilateral, decide no pagar lo debido, no se entiende el concepto de consumidor que anima INDECOPI, ya que lo defiende avalando una conducta irresponsable de cara a las obligaciones contraídas de antemano. Un pacto educativo se lesiona cuando: a) no se acepta que la relación se desnaturaliza cuando se puede quebrar con facilidad, por lo general un acuerdo basado en la mentira no prospera; b) la escuela para reclamar lo que le es debido, es decir, recibir la contraprestación por el servicio ofrecido – se ve forzada a demostrar, mediantes abogados, que ha actuado conforme a ley, de manera que, se incoa un largo y tortuoso camino de judicialización; y, c) la intromisión de una instancia judicial afecta la relación entre la familia – escuela. Rota la confianza entre las partes, la relación circula por los meandros de la omisión. Omite el padre quien por el rubor por las deudas no asiste a la escuela para abordar asuntos educativos propios de su hijo. Omite también la escuela para evitarse demandas ante algo que no “satisface los sentires y pareceres del padre”. El reclamo airado ha desplazado al diálogo. Se omite reconocer el aporte y la autoridad del docente, quien por estar presente en el aula conoce al alumno, de manera que, se pierde una gran oportunidad para pergeñar – familia y colegio – un plan de acción para su mejora personal.
El empoderamiento del consumidor –que podría resumirse: “el cliente siempre tiene la razón”– se está convirtiendo en una dictadura del individualismo: lo que me afecta, lo que no me parece, lo que no me gusta se tiene que cambiar. Es el subjetivismo que, con el beneplácito del Estado y de los organismos no gubernamentales, han impuesto que la norma rija solo cuando se acomoda al sentir del individuo y que lo institucional se someta al imperio de lo que me parece.
[1] INDECOPI, Instituto Nacional de defensa de la competencia y de la propiedad Intelectual, organismo público adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (DL N° 25868-1992)
