Tras el fraude electoral denunciado por la oposición en las elecciones de Venezuela el pasado 28 de julio, y del cual la comunidad internacional ha hecho eco, se viene exigiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) que muestre las actas de los resultados, sin que a la fecha haya voluntad de hacerlo. Diversos países de Latinoamérica han reconocido la victoria de Edmundo González Urrutia como nuevo presidente electo y legítimo.
Al no aceptar su derrota, el régimen totalitario de la dictadura de Nicolás Maduro ha iniciado una nueva política represiva cruenta contra los líderes de la oposición y el pueblo en general que votaron por la no continuidad del régimen, entrando de esta manera en una nueva etapa de violencia que incluye abusos y violaciones de los derechos humanos, que vienen ocurriendo en el país desde los resultados electorales.
Las múltiples denuncias señalan a las fuerzas de seguridad por los actos violentos que vienen perpetrándose, tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, amenazas y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad durante las manifestaciones. Al presente, existen más de 2000 detenidos y el clima de violencia sigue en aumento. Frente a este cuadro de deterioro de los derechos humanos, se evidencia el patrón continuo y preexistente de la violencia represiva que viene aplicando la tiranía desde que tomó el control del poder.
A nivel internacional, organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (compuesto por 47 estados que velan por la promoción y protección de los derechos humanos) vienen dando seguimiento a Venezuela desde 2019, cuando se aprobó la resolución 42/25, estableciendo la «Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos» para evaluar los derechos humanos en el país. Su mandato ha sido ampliado por las resoluciones 45/20 y 51/29, hasta septiembre de 2024.
La misión internacional viene recibiendo múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos en las que se responsabiliza a los cuerpos de seguridad y a grupos civiles armados que apoyan al régimen dictatorial. Los miembros de la misión han expresado grave preocupación por el aumento de la violencia y los abusos flagrantes de los derechos humanos, calificándolos como una muestra de la «reactivación de la maquinaria represiva» ordenada por el régimen de Maduro.
Al presente, y frente a la ola represiva que viene ocurriendo en Venezuela, es imprescindible unir fuerzas y seguir ejerciendo presión internacional por todos los medios, exigiendo la transparencia de los resultados electorales, que se permita una auditoría internacional del proceso electoral y se garanticen los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.
Los países democráticos de Latinoamérica deben cerrar filas y no permitir el avance del totalitarismo en el continente, que tanto retroceso ha traído a los pueblos, desde la supresión de las libertades, la corrupción, el empobrecimiento, la ausencia de desarrollo y el éxodo masivo.
Desde esta columna, nuestro apoyo al hermano pueblo de Venezuela en la lucha social y justa de la victoria electoral obtenida, y que se reconozca a los legítimos vencedores.
Termino recordando a Gandhi: «Recordad que, a lo largo de la historia, siempre ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo, han parecido invencibles. Pero siempre han acabado cayendo. Siempre.»
