Tras las reiteradas e ingeniosas movidas de la burocracia peruana, el arbitraje, sobre todo, ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), ha cobrado particular importancia. En efecto, a cada novedosa solución planteada por el funcionariado de nuestro país le ha seguido un proceso arbitral que nos ha costado -y digo nos, porque ha sido el bolsillo de todos los peruanos el que ha pagado- varios miles de millones de dólares: solo entre 2003 y 2013 habíamos pagado ya S/ 1,128 millones a empresas y contratistas producto de cuantiosas brillanteces, según el diario Gestión. Sin ir muy lejos, el último 16 de mayo, la Municipalidad de Lima anunció que había perdido un arbitraje ante la concesionaria Rutas de Lima por otros S/ 230 millones, nuevamente, producto de una decisión tan ilegal como descabellada.
Tomando en cuenta nuestra muy pintoresca coyuntura, y lo muchos millones de soles destinados a reparar daños por los audaces pareceres de nuestra burocracia, el Congreso peruano recibió, el 1 de junio de este año, un proyecto que pondría fin a nuestros problemas. Y para ello ¿qué mejor idea que acabar legalmente con la responsabilidad del Estado?
El majestuoso Proyecto de Ley N° 5397/2020-CR, propuesto por el ilustre congresista de Acción Popular, Luis Carlos Simeón Hurtado, no solo establecería una serie de condiciones -tan variopintas como descabelladas- de necesaria inclusión en los contratos de concesión de infraestructura vial, es decir, de construcción de carreteras, sino que, muy sesudamente, dispondría que la suspensión del cobro de peajes aprobado por insistencia el pasado 07 de mayo no “causará ni generará derecho compensatorio”. Por supuesto, y como no podría escapar a semejante tenacidad, el proyecto también establecería un plazo de hasta 60 días calendario desde la publicación de su reglamento para que el Estado renegocie los contratos de concesión con peajes vigentes a la fecha. Negarse a renegociar facultaría al Estado a solicitar la nulidad del contrato. Brillante. Claro, hasta que, de aprobarse, nos demanden y tengamos que enfrentar el pago de otra astronómica suma por la perspicaz creación del legislador.
Y es que los peruanos sufrimos constantemente un saqueo que, inicialmente, suena bonito: «El Estado paga». Falso: el «Estado» no paga. El «Estado» no produce dinero: lo hacen las personas. Por supuesto, alguien tiene que pagar: quien metió la pata, como podrá imaginarse, no pagará la cuenta. Somos usted y yo quienes pagaremos por la sagacidad de quien, que -adivinó- se la llevará gratis. Muy alegremente los burócratas siguen sepultándonos en este círculo vicioso que parece no tener fin.
Si por cada caso perdido, es decir, por cada metida de pata de nuestros fantásticos funcionarios, tuviéramos un hospital, una carretera o un colegio, estaríamos mejor, ¿verdad? Y si ese dinero pudiese quedarse en su billetera, sería un almuerzo más, una preocupación menos, una deuda pagada más. Genial, ¿no? Afortunadamente, los peruanos tenemos el consuelo de que nuestro dinero está en manos de nuestros omniscientes y casi clarividentes burócratas. Estos nos arrebatarán alegremente el fruto de nuestro trabajo, pero no se preocupe: este dormirá el sueño de los justos, salvo por, claro, el 20% repartido a medias entre robos y obras.
