Este martes, el Gobierno emitió el Decreto Legislativo 1476 (DL 1476), el cual establece, de forma indirecta, que los centros educativos privados deben reducir sus pensiones. La resolución se da en el marco de una dura crisis causada por el Covid-19 y tras la protesta de los padres de familia contra la educación privada.
El DL 1476 presentado por el Ejecutivo fue bien recibido por los padres de familia. Su objeto, según dice su artículo 1, es «establecer disposiciones que garanticen la transparencia, el derecho a la información y la protección de los/as usuarios/as de los servicios educativos brindados por instituciones educativas privadas de educación básica».
El plazo otorgado a los colegios privados es, según reza el texto en el art. 5 inc. 5.3, «no mayor de siete días calendario»; no obstante, en la primera disposición complementaria final se lee que la reglamentación de la disposición cuenta con un plazo «no mayor de 15 días hábiles». Entonces, los colegios tienen 7 días para trabajar en base a un decreto que podría no estar reglamentado antes de ese tiempo. Una lógica anacrónica del Consejo de Ministros.
¿Control de precios?
La lógica anacrónica no es el hecho más lamentable del oficio en mención. En su art. 6 inc. 6.1 se lee que «las instituciones educativas no podrán cobrar por las prestaciones que se han dejado de brindar». Con esto, el Estado controla los precios de las pensiones -de forma indirecta-, las cuales ya venían siendo reducidas de buena fe y en muchos casos no iban a ser pagadas.
Esto contradice la lógica solidaria que pregona Vizcarra. Los padres que tienen liquidez para pagar las pensiones completas deberían hacerlo y así ayudar a continuar con la operatividad del colegio, y a su vez permitir que quienes no puedan pagar al haberse visto afectados por la situación puedan recibir descuentos del colegio.
Morosidad
El Estado no debe imponer una reducción de pensiones, hayan o no gastos que antes sí existían, pues la intervención del Estado en el precio de un producto/servicio siempre es contraproducente; además, lo mencionado no es el único problema. La segura morosidad y la imposibilidad de pagos, pese a la baja de pensiones es también un mal.
Antes de la pandemia, la morosidad en los pagos por el servicio educativo, en gracia a la «Ley de Protección a la Economía Familiar», que establece que no se puede condicionar el servicio educativo al pago de pensiones, venía siendo crítico. La morosidad en los Niveles Socio Económicos (NSE) C y D ascendía a más de 60%, mientras que en el A/B a 15% (Gestión). Así, las escuelas que operaban en la mayoría de los casos con menos del 40% de ingresos, ahora tendrán una situación aún más crítica; esto, sin tener en cuenta que el promedio del costo fijo de un centro educativo privado asciende a 70% (Investigación). Ahora, con la pandemia se ha incrementado hasta 90% (Gestión).
Se olvidan: «La ley fija el modo de subvencionar la educación privada»
Vizcarra y su Gabinete Ministerial no solo atentan contra la libertad de ofrecer un servicio al precio que convenga el proveedor con el consumidor; además, olvidan que la educación privada es la alternativa a la incapacidad del Estado de proveer educación pública.
Los párrafos 3 y 4 del artículo 17 de la Constitución establecen que «la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades» y que «el Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera», respectivamente.
Lo citado en el párrafo anterior nos señala que el Estado debe promover la educación sea privada o pública. Si es privada, subvencionándola para que subsista; si es pública, haciendo todo lo que no se ha logrado desde hacía varios años (salvo honrosas excepciones).
Sin embargo, cuando más ayuda necesitó la educación privada, los funcionarios públicos optaron por ahondar en la crisis de quienes llevan a cabo esta labor. Recordemos que el DL 1476 no es la única medida que olvida el deber constitucional del Estado de apoyar la educación privada. También se han dado propuestas como los traslados masivos de alumnos de aulas privadas a públicas, generando así menos ingresos en el presente año.
Opciones
El Estado ya hizo todo lo posible para imposibilitar la continuidad de miles de colegios, poniendo en riesgo el empleo de al menos 178,354 docentes -no incluyo número de personal administrativo, limpieza, mantenimiento, seguridad, etc.- y 1’996,125 alumnos (INEI 2018). No obstante, aún existen vías que pueden reducir el impacto negativo del invariable populismo.
- Crear un fondo de salvataje de acceso exclusivo para centros de educación, el cual priorice a los que no fueron beneficiados del programa Reactiva Perú.
- Derogar el Decreto de Urgencia N° 002-2020, el cual obligaba a los colegios a regresar proporcionalmente las cuotas de ingreso a padres que decidieran sacar de la institución a sus hijos. Se necesita liquidez y la disposición en mención no permite ello.
- Sincerar la realidad la educación pública. Es de conocimiento público que el Estado no tiene suficientes vacantes para quienes decidan trasladar a sus hijos a escuelas públicas; mas el presidente anunció que se había habilitado la posibilidad. Al día de hoy cerca de 11 mil personas han optado por esto.
- Reunirse no solo con los padres de familia, sino con los promotores y directores de los establecimientos privados para armar una agenda en conjunto.
Es momento de promover la educación en todos sus tipos de gestión, sin menoscabar la calidad de la proveída por el privado en la actual coyuntura.
