Mientras todos los peruanos esperábamos ansiosos el tan voceado final de la siempre inútil cuarentena, y no terminar confundidos en el proceso, se nos sorprendió con algo que, aunque rumoreado, no se veía venir.
Durante los últimos días fuimos testigos del constante ataque a las clínicas privadas, por supuesto, las farmacias no se les escaparon y también recibieron varios golpes. El problema: el Estado quería “negociar” una salida en que pudiera pagarles a las clínicas a cambio de la atención de pacientes infectados por Covid. Claro, hay dos detalles: uno, las clínicas igual atendían a los pacientes, aunque no pagaran, y dos, el Estado quería pagar una nimiedad por el servicio.
Fiel a su estilo, Vizcarra nos paseó con palabras insípidas y videitos muy bonitos -que, claro, nosotros pagamos- para glorificar su caótica gestión: peor no podríamos estar, los números lo argumentan, pero quizás a Nunca Jamás la noticia aún no llega. Obvio se escudó en su infaltable discurso: “son decisiones (problemas) de otros gobiernos”. No, señor. Fueron sus decisiones también.
Al redoble de tambores, el auténtico intérprete de la Constitución -y también su principal violador- dio lectura -cual cura en misa- de la Carta del 93. Con suma firmeza, las palabras salieron como estacas de plata al corazón del empresariado: el ultimatum fue claro. Así, en una lectura que más parecía una sentencia de muerte, dijo: si (el acuerdo) nos rebasa, tendremos que usar la oferta privada a precio razonable”. O sea, o aceptas, o te expropio. Como habrá podido anticipar, las hábiles tácticas de negociación vizcarristas requieren de un “empujoncito” adicional.
Pasado ese plazo, nuestro super eficiente, incorruptible y admirable aparato estatal -ese mismo que se roba S/ 23 000 millones anuales- tomaría control de las clínicas. Y es que, como la Constitución lo dice, se puede hacer. El único problema con su interpretación es que, antes, hay que leer el artículo completo, no una línea. Por supuesto, también hay leyes que desarrollan el tema: para eso están.
Pero si algo terminó de quedar claro, es que si no titubeó para hacer un golpe y cerrar el Congreso el pasado 30/09, inventándose una ley donde aún no la hay, poco le iba interesar hacerlo otra vez, o pisotear la Ley. Ya tiene experiencia con eso.
Por si fuera poco, y para no hacer mucho escándalo, dijo que sería una “administración temporal” – léase, “expropiación temporal”: en la práctica es algo así como “robar temporalmente”. Solo un ratito. Lo que dure la emergencia -que aún ni él lo sabe-. Curioso, cuando menos. Lo más preocupante es que esa figura no existe en ninguna parte del derecho peruano. Pero eso no importa cuando el Estado de Derecho no existe. En Perú, imposible no verlo, el poder limitado es más un acto de filantropía que un deber legal. Pero eso no importa.
Lamentablemente, tenemos también un problema de memoria. Esto no es nuevo: es un cuento que ya conocemos. Velasco lo hizo, Castro y Perón también. Pero no nos vayamos tan lejos: Chávez y Maduro son de los más recientes, para no salirnos de la región. Y ya sabemos cómo acaba. La miseria es inminente si el estado toma posesión de la propiedad privada.
No por nada, en menos años, y con menos dinero, las clínicas son lo que son, y los hospitales son lo que son. Las personas no pagan una atención privada porque sí, sino porque el servicio público es innecesariamente malo. Bueno, si se roban 15% del presupuesto, y ejecutan 10% más, ¿qué podemos esperar?
“El que mucho abarca, poco aprieta” nos han dicho siempre. Si el Estado no aprieta ni lo que abarca, ¿qué les hace pensar que va a poder apretar más? Hoy se cumplieron 51 años de la Reforma Agraria de Velasco. Parece que Vizcarra celebró a plenitud al ritmo del cojo.
