Quienes creemos en las bondades de la Constitución de 1993, en la jurisprudencia que ha producido en las últimas tres décadas logrando estabilizar al país y en su perduración por más de 20 años en democracia, aunque con matices, estamos priorizando el rechazar la redacción de una nueva carta magna por sobre atender los legítimos reclamos de la ciudadanía.
Si algo nos dejó como lección los comicios presidenciales del último año es que vivimos una dura segmentación en el país, y esta no es ideológica, más bien tiene características sociodemográficas, y aunque esta columna no tratará el tema, sí considero importante recordar con el voto de quiénes ganó Castillo y cómo ello podría ser solo el comienzo.
Nuestro docente chotano obtuvo laureles con el voto del «Perú profundo», de «los postergados», de «los ignorantes por ignorados», de aquellos al que el crecimiento y las virtudes de nuestra carta fundamental no ha alcanzado. Lejos de ser los culpables de esta situación, son las más grandes víctimas. Por años se ha dejado al margen a millones, cuando justamente ellos deben ser la prioridad en la agenda de quienes defendemos «el sistema».
Tenemos como claro ejemplo de postergación a un sector amplio en Chile, país que iba a un ritmo diferente en contraste con el resto de Latinoamérica, en el que había un primer mundo que se asomaba y ya sabemos cómo terminó: en una intempestiva asamblea constituyente.
Lo que está logrando la «derecha» peruana (entre comillas, porque el término ya es desfasado) es alcanzar un momento constituyente que lleve a grupos de todo el país a empujar todos los avances por la borda y escribir una Constitución igual o peor a la que hemos visto en el borrador de la nueva constitución chilena (si quieren saber más al respecto, lean este análisis de Soledad Castillo y Bastián Guzmán: Igualdad sustantiva e igualdad ante la ley: apuntes sobre el borrador de la nueva constitución de Chile).
Entonces, nos encontramos ante la disyuntiva de continuar con la narrativa reaccionaria y poner «No a lea asamblea constituyente» en nuestra foto de perfil o responder a esas exigencias ciudadanas, que en muchos casos ni siquiera se atienden a través de reformas constitucionales, sino con cambios en la legislación.
Al respecto, el sondeo más reciente del IEP ha causado polémica. Muestra que hay un 47 %, casi la mitad del país, respalda la asamblea constituyente (llamemos a este grupo «los revolucionarios») y un 49 % que está en contra (al que llamaremos «conservadores»)1. En este punto, la encuesta planteaba una dicotomía en la que solo podías estar «de acuerdo» o en desacuerdo», no había un punto medio.
Sin embargo, el mismo sondeo mostraba la opinión acerca de qué sería lo más conveniente para el país2. Aquí nació un tercer grupo, el punto medio que se obvió en la pregunta sobre la asamblea constituyente: los reformistas. En este punto de la encuesta habiá un 49 % de reformistas, que querían «algunos cambios»; un 17 % de conservadores, que querían «ningún cambio»; y un 31 % de revolucionarios, que querían «cambio total».
Cuando plantean dos opciones, una que significa cambio total y otra que mantiene el statu quo, los reformistas se enfrentan a una disyuntiva; algunos saltan al bando conservador y otros, hartos de la inercia, se tornan revolucionarios. En otras palabras, el statu quo al largo plazo favorecerá a los revolucionarios, ya que un sector de los reformistas están dispuestos a dar el salto al bando rojo.
Podemos cuestionar la legitimidad de las encuestas del IEP, de Datum, de CPI o de Ipsos hasta el cansancio; pero lo cierto es que mantener todo en un estado de inercia hará que nos demos un duro golpe en la espalda si se llega a encender el motor constituyente.
A veces, hay que ver más allá de lo evidente para entender la realidad de las cosas y, en este caso, la realidad es que se necesitan cambios, aunque parezca evidente que todo podría continuar funcionando tal y como hoy.
1La pregunta que se planteó en este punto es la siguiente: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta presentada por el presidente Castillo al Congreso de convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución?
2La pregunta que se planteó en este punto es la siguiente: Con relación a la actual Constitución de 1993, ¿qué cree usted que es más conveniente para el país?
