Vladimir Putin arribó a Mongolia el pasado lunes, desafiando la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo de 2023. Aunque su agenda no presentó aspectos destacables —se reunió con el líder de Mongolia, mantuvo conversaciones para desarrollar los lazos bilaterales y asistió a una recepción de gala—, lo inusual fue que Mongolia, como miembro de la CPI, debió haber arrestado a Putin tan pronto como aterrizó en suelo mongol. Aquí te explicamos el cuestionamiento al compromiso de Mongolia con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Contexto de la orden de arresto internacional
El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) acusó a Vladimir Putin de crímenes de guerra, específicamente por la deportación ilegal y el traslado forzado de niños desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia territorio ruso. Estas acusaciones se basan en alegaciones de que tales actos ocurrieron en los territorios ocupados de Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022. A pesar de los cargos, dado que el Kremlin no reconoce la jurisdicción de la CPI y, respondió con acciones legales contra los fiscales y jueces que emitieron el mandato de arresto.
La situación se complica aún más por la posición de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que lleva a que algunos estados, por razones políticas, opten por no ejecutar el mandato. Hungría, por ejemplo, anunció que no arrestaría a Putin incluso si visitara el país, en parte debido a sus estrechos vínculos económicos y a la falta de relaciones sólidas con algunos de sus aliados europeos y de la OTAN.
Aunque Rusia declaró que no cooperaría con la CPI, el mandato de arresto lo forzaba a reconsiderar sus futuros viajes a países que son partes del Estatuto de Roma, como Sudáfrica y Tayikistán, los cuales estaban obligados a cumplir con las órdenes de la CPI. Sin embargo, la realidad ha mostrado una dinámica diferente, especialmente después del reciente viaje de Putin a Mongolia.
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Intereses por encima de obligaciones
A pesar de la orden de arresto internacional emitida por la CPI, Mongolia recibió al presidente ruso con todos los honores, permitiéndole reunirse con el presidente Ukhnaagiin Khurelsukh y participar en diversos eventos oficiales. Esta acción ha suscitado una notable preocupación a nivel internacional. La CPI condenó la falta de cooperación de Mongolia, que, en su calidad de miembro, tenía la obligación de detener a Putin al llegar a su territorio.
Durante su visita, Putin se reunió con el presidente Khurelsukh para fortalecer los lazos bilaterales y abordó cuestiones de cooperación económica y política entre Rusia y Mongolia. Entre los temas discutidos se incluyeron el sector energético y el transporte. Así, Putin se encontró con representantes de empresas rusas y mongolas para explorar oportunidades de colaboración en proyectos conjuntos, con un enfoque particular en el suministro de gas natural y otros recursos energéticos.
Mongolia, situada en Asia Central, enfrenta una compleja situación geopolítica tras la invasión rusa de Ucrania. Con una extensa frontera de 3,500 kilómetros compartida con Rusia, el país continúa siendo profundamente dependiente de su vecino, importando aproximadamente el 30% de sus bienes y todos sus productos petroleros desde Rusia. A pesar de sus esfuerzos por diversificar su economía, Mongolia ha decidido abstenerse de condenar públicamente la invasión rusa en la ONU. Esta postura revela la prioridad que Mongolia concede a la protección de sus intereses estratégicos con Rusia sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Consecuencias ante el incumplimiento
Según establece el artículo 87, inc. 7 del Estatuto de Roma “Cuando un Estado Parte no cumpla con una solicitud de cooperación de la Corte… la Corte podrá hacer un pronunciamiento al respecto y remitir el asunto a la Asamblea de los Estados Partes o, si el Consejo de Seguridad remitió el asunto a la Corte, al Consejo de Seguridad”. No obstante ello, Rusia es miembro permanente del CS, lo que significa que tiene un poder de veto significativo en decisiones importantes, incluyendo aquellas relacionadas con el arresto de líderes bajo orden de la CPI.
Por lo que la cuestión es ¿qué ocurre si un país desacata la orden de arresto de la CPI siendo miembro? Cuando un Estado ha ratificado el Estatuto de Roma, la jurisdicción de la CPI alcanza a dichos Estado, y el desacato a la orden de arresto genera diversas complicaciones. En primer lugar, la implementación de la orden se ve afectada, ya que la cooperación de los estados miembros es fundamental para el funcionamiento de la CPI. El incumplimiento frustra directamente los esfuerzos para llevar a los responsables de crímenes internacionales ante la justicia.
Además, el Estado en cuestión podría enfrentar repercusiones políticas significativas, como presiones diplomáticas y críticas a nivel internacional, lo cual puede perjudicar sus relaciones con otros países y organizaciones. La CPI tiene la facultad de remitir el incumplimiento a la Asamblea de Estados Partes, pero posee discreción para decidir si efectúa esta remisión y qué medidas adoptar. Por último, el incumplimiento puede generar incertidumbre sobre la cooperación futura de otros Estados, complicando la labor de la CPI para asegurar la cooperación de los miembros en casos posteriores.
