El día martes, una de las cárceles de Guayaquil sufrió una matanza que dejó 116 muertos y 80 heridos. Debido a este suceso, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en todo el sistema penitenciario de Ecuador. La medida dispone el acceso de policías y militares a los centros de reclusión para ejercer su función de desmantelamiento de bandas violentas.
La masacre se dio en la Cárcel Número 1 de Guayaquil, la cual también es conocida como Penitenciaria del Litoral. Sin embargo, este es el sexto motín con víctimas mortales desde febrero de este año. Estos sucesos son originados por riñas entre narcotraficantes, que, pese a tener bastantes sospechas sobre los responsables, aún no se confirma qué organizaciones fueron las causantes de los hechos. De esta manera, el caso se convierte en el motín penitenciario con más muertes en la historia del país.
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¿Qué estipula el decreto?
El estado de excepción permite el acceso de todos los entes de la administración pública a las cárceles para la ejecución de acciones de restablecimiento y mantenimiento del orden. Por el momento, se conoce que la facultad constitucional tendrá una duración de 60 días. Pero, la Carta Magna indica que puede renovarse hasta 30 días más de no haberse cumplido los motivos de su autorización.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán actuar en cooperación con las demás instituciones estatales participantes. Además de los centros penitenciarios, su labor se enfocará en la seguridad interna de los centros de rehabilitación. En estos lugares, supervisarán los primeros filtros para el control de armas y objetos prohibidos.
Con el decreto, Lasso suspendió los derechos a la inviolabilidad de la correspondencia, de asociación y reunión a aquellos privados de la libertad. De esta manera, los reos no podrán acceder a cartas o cualquier forma de comunicación sin la previa revisión por parte de la Policía o las Fuerzas Armadas. Asimismo, estarán limitados de reunirse en el interior de los centros entre ellos durante las 24 horas del día.
Asimismo, el presidente solicitó un informe al Consejo de la Judicatura. Dicho documento deberá contener el uso de la prisión preventiva en casos penales y el de penas no privativas de la libertad desde 2019. Por último, pidió conocer la implementación de los juzgados de garantías penitenciarias en el territorio nacional.
¿Qué otras medidas adoptará el Gobierno?
El jefe de Estado aclaró que se deben repotenciar los centros penitenciarios dentro de un plan de restructuración que costará por lo menos 75 millones de dólares. El primer centro en remodelarse será la Penitenciaria del Litoral. También, se comprometió a obtener los recursos y pagar la tecnología y obras civiles necesarias para mejorar la infraestructura, vigilancia y control de las cárceles.
Lasso manifestó la inclusión de medidas de asistencia psicológica, alimentaria y de información del estado de salud a los familiares de los prisioneros. Una de las causas de esta medida es la creciente desesperación de los familiares de los internos por verificar el listado de heridos y fallecidos. Frente a esta situación, el jefe de estado admitió ser incapaz de confirmar que la situación esté controlada, debido a que no descartó que otros carcelarios estén atravesando la misma situación.
El mandatario resaltó que la acción adoptada por la administración pública se dará dentro del marco de los derechos humanos en una rueda de prensa en la noche del día de ayer. Así, comprometió a las fuerzas del orden a actuar respetando los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad hacia los presos.
«Lo que me preocupa en este momento es preservar la vida de las personas privadas de libertad»
Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador.
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