El año 2022 marcó un período especialmente desafiante para Petroperú. La empresa experimentó pérdidas operativas y netas que constituyeron las más significativas en al menos tres décadas. En el transcurso del 2023, bien no se observó una continuación directa del mismo deterioro financiero. Sin embargo, aún no se vislumbran perspectivas tan favorables en términos de resultados. Y ni bien empezando el año 2024, se sugiere un segundo rescate económica a la empresa estatal que mas pierde activos.
Es imperativo reconocer que Petroperú enfrenta un problema sustancial que requiere una atención urgente. Tanto interna como externamente, los ciudadanos peruanos deben comprender que la situación actual es insostenible y demanda correcciones inmediatas. La administración parece guiarse por intereses a corto plazo en lugar de las necesidades de los verdaderos accionistas, quienes son los ciudadanos y a quienes deberían rendir cuentas pero ignoran.
Nombramientos gerenciales en su estrategia de reestructuración
El Directorio de Petroperú ha anunciado la designación de Luis Casimiro Morales García como gerente corporativo de Finanzas y de Mario Fernando Urrello Leyva como gerente corporativo Legal. Ello a partir del 22 de enero y 15 de febrero de 2023, respectivamente. Estos nombramientos son parte integral del Plan de Reestructuración implementado por la petrolera estatal.
La decisión de incorporar a Morales García y Urrello Leyva fue tomada durante la última sesión del Directorio el 11 de enero. Estos cambios son una manifestación concreta del proceso de transformación que Petroperú está llevando a cabo en su estructura organizacional. Además, cumplen con uno de los objetivos delineados en el Plan de Reestructuración. El enfoque principal es fortalecer la gobernanza de Petroperú y garantizar su sostenibilidad financiera en el futuro.
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¿Qué se debe hacer con Petroperú?
Externamente, la mayoría de los peruanos quizás no se percate de que la calidad de los servicios de salud y seguridad ciudadana se ve afectada debido a la asignación inadecuada de los recursos del Estado. En lugar de destinar estos recursos a mejorar la calidad de vida de la población, se invierten en empresas como la refinería de Talara, gestionadas por funcionarios públicos que parecen priorizar sus propios intereses sobre los de la comunidad. Resulta sorprendente que un considerable porcentaje de la población desee una mayor participación estatal en las empresas. Ello a pesar de los repetidos fracasos en décadas pasadas.
Los desafíos financieros de Petroperú radica en la decisión de financiar su proyecto de construcción de la refinería de Talara con deuda en lugar de utilizar recursos propios o aportes de capital del Estado. Si Petroperú hubiera optado por financiar la refinería de manera diferente, evitando la deuda, la empresa habría eludido los gastos financieros, manteniendo un estado libre de deudas.
Tomar conciencia de los costos asociados con Petroperú es el primer paso crucial para cambiar su actual estructura. La empresa representa un gasto significativo para los peruanos con beneficios limitados. Es necesario desmitificar el tema. La privatización en las circunstancias actuales se presenta como una tarea difícil. Esto dado que el valor de la empresa es nulo o incluso negativo, incluso después de la capitalización del año pasado. La propuesta de que el tesoro asuma la deuda de la empresa y luego se venda, aunque puede parecer una opción, plantea desafíos considerables. Aunque los costos de esta alternativa podrían ser menores que mantener la empresa en su estado actual, la viabilidad de este enfoque es cuestionable.
Entonces… ¿Privatizamos?
En el ámbito privado, la responsabilidad y cuidado hacia una empresa suelen ser más efectivos por parte de los inversionistas y dueños que han invertido sumas significativas en ella. Sin embargo, en el caso de entidades públicas como Petroperú, que es propiedad colectiva de todos los peruanos y cuyas pérdidas afectan a la población en general, la falta de un propietario directo puede generar escasos incentivos para un rendimiento eficiente.
En una de mis numerosas participaciones en mesas de trabajo y participaciones ciudadanos celebrados en el Congreso de la República, tuve la oportunidad de asistir a una presentación liderada por el profesor Carlos Adrianzen, Decano de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y el Congresista Alejandro Cavero. Durante este evento, el congresista nos adelantó detalles sobre su propuesta de proyecto de ley para la privatización de Petroperú. La sala se llenó de aplausos y entusiasmo hacia esta notable propuesta, generando un ambiente de apoyo. Pero ¿se puede dar finalidad al proyecto en estas circustancias de un nuevo salvataje a la empresa estatal?
Se planteó la creación de una comisión técnica revisora compuesta por expertos de diversas instituciones. La responsabilidad de esta comisión sería llevar a cabo una evaluación exhaustiva de Petroperú y generar un informe final que incluiría recomendaciones clave. Estas sugerencias, combinadas con un análisis completo de la gestión de la empresa, desempeñarían un papel crucial para hacer que la compañía sea más atractiva para inversiones privadas y mejorar su competitividad en el mercado de valores.
En la actualidad, la normativa que rige a la empresa estatal establece un límite máximo del 49% para la participación de inversión privada. Dada la situación actual, el porcentaje de participación privada se mantiene en 0, una consecuencia lógica en un entorno poco atractivo para los inversionistas privados. La propuesta presentada busca eliminar esta barrera, permitiendo a Petroperú vender acciones hasta lograr un accionariado mayoritariamente privado.
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Compleja perspectiva económica
En el caso de Petroperú, el hecho de que su valor se considere en la actualidad como nulo representa un desafío considerable para una posible adquisición por parte de un privado. En situaciones de liquidación o quiebra, el proceso de compra se vuelve complejo, ya que la empresa enfrenta deudas significativas y su capacidad para generar ingresos se ve comprometida. Sin un valor tangible, un potencial inversionista privado podría enfrentarse a dificultades para justificar la inversión y asumir la responsabilidad de las obligaciones financieras existentes.
La inyección de más dinero en una empresa en proceso de liquidación o quiebra puede ser un proceso arduo y riesgoso. Los inversionistas privados podrían requerir garantías y condiciones específicas para proteger su inversión, lo que podría implicar una reestructuración significativa de la empresa y sus operaciones.
Es evidente que se requiere un enfoque menos radical y más centrado en el consenso para avanzar en el caso de Petroperú. Ni la privatización extrema ni el retorno al modelo previo parecen ser soluciones efectivas.
La génesis del problema, desde mi perspectiva, se remonta a la fundación de Petroperú. En ese entonces, el equipo gerencial propuso una estrategia que abogaba por mantener la empresa integrada en todas sus facetas, desde la exploración y producción hasta la distribución y comercialización. La decisión de dividir la empresa en aproximadamente veinte unidades de negocio y comenzar un proceso de venta sin tener definido un esquema de regulación operativo resultó en una estrategia cuestionable y es que despues 10 años vemos estos quiebres de la estatal nuevamente. La experiencia pasada indica que el modelo seleccionado fue el factor que falló, no la idea de privatización en sí.
