Este jueves, el Poder Ejecutivo presentó un oficio mediante el cual la autógrafa que plantea sancionar con prisión la especulación y el acaparamiento es observada, haciendo uso de la prerrogativa constitucional que posee el presidente de la República, Martín Vizcarra. El documento lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y del mandatario, y detalla diversas razones por las cuales la iniciativa aprobada por el Congreso no debe ser promulgada.
En el escrito, se arguye que no existe evidencia empírica que «demuestre que las medidas administrativas que protegen el libre mercado han fallado» o que el Decreto Legislativo N° 1034 (DL1034), «Ley de represión de conductas anticompetitivas», no haya cumplido sus funciones en promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores.
Asimismo, se recordó que el acaparamiento, antes tipificado en el artículo 233, fue derogado como delito del Código Penal (CP) por el DL1034, pues como se regulava previamente «contravenía» con el régimen económico «establecido en la Constitución Política del Perú». Cabe precisar que el artículo 58 de la Carta de 1993 establece que en Perú «se ejerce en una economía social de mercado».
En cuanto al delito de especulación, el Gobierno indicó que la propuesta congresal no tiene margen de aplicación debido a que «el supuesto típico no está completo» y no se ajusta a lo establecido en el artículo 234 del CP.
«En la medida en que no se define el ‘precio oficial’ de los bienes, lo que, de hacerse de manera general y para todo supuesto en periodo ordinario no resultaría compatible con la economía social de mercado», reza el texto.
«No ha pasado el procedimiento regular»
Por su parte, el primer ministro indicó que diversas normas, incluyendo el proyecto de ley referido a la autógrafa en cuestión, no han seguido el proceso regular del Parlamento Nacional, como la devolución de los aportes de la Oficina Nacional Previsional (ONP) y el congelamiento de deudas por tres meses.
«Muchos [proyectos de ley] no han pasado el procedimiento regular de comisiones, han ido al Pleno [del Congreso] y se han convertido en autógrafa, por eso el Ejecutivo, en función de sus mandatos constitucionales las ha observado», aseguró.
Además, aseguro que las decisiones que tiene el poder del Estado que representa no se deben a un «contenido político», sino a la defensa de las competencias de cada institución en el marco que establece la Constitución.
