El Estado enfrenta constantemente una serie de demandas judiciales y arbitrales por temas que van desde lo laboral, hasta por contratos de proyectos de inversión.
En los últimos dos años, el Perú ha sido el país más demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y actualmente tiene cerca de 22 arbitrajes pendientes.
¿Cuánto le costará al país estas demandas judiciales y arbitrales?
Un reciente informe situacional de la Administración Financiera del Sector Público, elaborada por el Ministerio de Economía, revela que el Estado deberá pagar S/ 14 395 millones por procesos judiciales y arbitrales perdidos.
Hasta el cierre del 2021, el país registraba una deuda total de S/ 14 395 en demandas judiciales y arbitrales con sentencia firme. Solo en el caso de las sentencias judiciales el monto a pagar era de S/ 12 867 millones, mientras que por arbitrajes la suma asciende a S/ 1 528 millones.
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Actualmente el 95.8 % de las sentencias están en proceso de ejecución, mientras que un 4.2 % se mantienen pendientes, es decir, sin requerimiento de pago.
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¿Qué nos dice el informe?
El informe precisa que, en total, el monto de contingencia de todos los procesos judiciales y arbitrajes que enfrenta el Perú, tanto en proceso como finalizados, suman S/ 52 915 millones. Solo en el caso de las demandas judiciales en proceso, las contingencias son de S/ 26 515 millones y comprenden 657 pliegos, 62 342 expedientes y 64 667 beneficiarios.
De ese total, el 77 % correspondía a gobiernos locales, 19 % a entidades del gobierno nacional y 4 % a regionales.
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¿Cuáles fueron las demandas presentadas en el 2021?
| La primera demanda del 2021 se registró en enero, por parte de la empresa Quanta Services Netherlands, tras un conflicto relacionado con las redes de comunicaciones rurales. |
| En segundo lugar está la demanda de Telefónica, presentada en marzo, tras indicar que el país incumple los acuerdos de inversión suscritos entre Perú y España, en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú (Appri). |
| Luego, en mayo, APM Terminals Callao presentó una demanda por el desacuerdo en el desarrollo de las fases de construcción del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao. |
| También en mayo la Compañía Kaloti Metals & Logistics, comercializadora de metales preciosos a través de una sucursal, presentó una demanda. |
| Mientras que en septiembre, la Concesionaria Peruana de Vías (Covinca) inició una demanda vinculada a la suspensión del cobro de peajes. Por último, en el último mes del 2021 se presentaron tres demandas más ante el Ciadi. |
| Una de las demandas fue de Vinci Highways, concesionaria de la vía expresa Línea Amarilla en Lima, por desacuerdos en el cálculo del costo del peaje. También inició un proceso la empresa Enagás, una de las que forman el consorcio del Gasoducto Sur Peruano junto con Odebrecht, proyecto paralizado luego de resolverse el contrato de concesión. Asimismo, en diciembre también se presentó una nueva demanda por parte de la Línea 2 del Metro de Lima. |
Estas demandas judiciales en contra del Estado son tratadas como contingencias, mientras que las sentencias son contabilizadas como provisiones. Cabe agregar que entre el 2019 y 2020 se registraron un total de 799 entidades gubernamentales con demandas judiciales y arbitrajes.
De ese total, el 77 % correspondía a gobiernos locales, 19 % a entidades del gobierno nacional y 4 % a regionales.
