En los últimos años la percepción de la corrupción y confianza hacia el Estado se han venido incrementado progresivamente a cada escándalo alrededor de los poderes del estado. En general, la ejecución de políticas fiscales se cuestionan dados su alcance y efectividad. Durante la pandemia esta característica no fue una excepción. Distintos organismos como la Contraloría General de la República (CGR) o el propio Ministerio de Economía ponen a visión del ojo público los resultados del Gobierno durante la pandemia.
El costo de la corrupción
La percepción de la corrupción así como su ejecución en distintos niveles de gobierno están directamente relacionadas, dado que ambas responden a un mismo fenómeno. El cálculo del costo de la corrupción durante un periodo suele ser largo, ya que implica registrar todas las irregularidades en los tres niveles de gobernabilidad. Sumado a esto se calcula también el monto del perjuicio, ya que la ausencia o malversación de este dinero puede restringir el bienestar económico o social al que originalmente estuvo destinado.
La CGR estimó los daños de estas actividades en un promedio del 12.6% del monto del presupuesto nacional. Obviamente, el impacto es distinto a nivel regional y local. Según el estudio para el 2020 el perjuicio extrapolado tendría un valor de 5 762 725 383 soles a nivel regional y de 4 716 240 287 a nivel local. Estos montos sin embargo no reflejan la realidad dentro del país, la mayoría de los gobiernos locales dentro de cada región del país supera el monto a nivel regional. Enfatizando así la gran debilidad institucional de los gobiernos locales.
“ Es importante notar que [casi] todas las regiones que se ubican en el top 10 se encuentran en los grupos de regiones con mayor incidencia de pobreza en el 2020. Siendo las más afectadas por la pobreza monetaria Huancavelica y Ayacucho […] resaltando el caso de Huancavelica que además de encabezar el ranking en el puesto N°1, los datos indicarían que podría estar perdiendo alrededor de tres de cada diez soles que ejecuta de su presupuesto público por la corrupción.
Informe de incidencia de la corrupción e inconducta funcional en el Perú, 2020.
El gasto destinado en la pandemia
La cita anterior nos dejó en detalle el impacto que tuvo la gestión pública de autoridades pasadas. Las regiones más afectadas también están coincidentemente entre las más pobres. El costo de oportunidad de ello puede ser impactante. Si hacemos cálculos, el monto total equivale a 137 colegios, 481 centros de salud, 5394 plantas de oxígeno, y 5153 personal nuevo de salud UCI.
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Por otro lado Nelson Shack, contralor general de la república, mencionó que los servicios de control posterior realizados en el marco de la Emergencia Sanitaria han detectado un perjuicio económico contra el Estado. Este está valorizado en S/ 132 311 360.87. En línea con esto se detectó presunta responsabilidad en 1183 funcionarios y servidores públicos, de los cuales 1147 tienen responsabilidad administrativa, 397 tienen responsabilidad civil y 446 tienen responsabilidad penal.
Este no es el único caso ya que también se reportaron pérdidas de 168 dosis de Pfizer, así como un incumplimiento de acciones para mitigar estas conductas. Desde el inicio de la pandemia el 53% no ha sido corregida todavía. Entre otros hechos se registraron pagos irregulares de bonos. Estas actividades se presentaron en Ica y Arequipa, generando una pérdida de 410 mil soles. Por último, en cuanto a las mismas municipalidades locales, se encuentra un perjuicio de más de 1 millón por repartija de vales de consumo.
El falso récord de la inversión pública
Si bien la inversión pública ha alcanzado un récord durante el 2021 (70%) no quiere decir que se haya desempeñado bien. Esto porque en realidad, aunque la inversión y su monto se ubiquen en niveles más altos que hace 5 años, su eficacia sigue siendo mala.
En el portal de Transparencia, se puede apreciar que la ejecución del presupuesto alcanza niveles cercanos al 90%. Esto representa un nivel de gobierno nacional. A nivel local contrariamente se observa que su máximo percibido supera apenas el 80%, siendo que gran parte de los gobiernos locales ronda entre el 65 y 70%. También, la inversión pública, uno de los principales motores de la economía, ha presentado limitaciones. Para un nivel general el monto no ejecutado alcanza mayormente un 15 a 20% y 30 a 40%. Por otro lado en gobiernos locales, la mayoría alcanza un 30 a 40% a 45 a 60% de monto no ejecutado, un nivel alarmante.
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