Este jueves, el congresista César Combina, de la bancada Alianza para el Progreso, presentó a la Oficialía mayor del Congreso de la República el Proyecto de Ley N.° 7169-2021. Este busca autorizar a las empresas privadas el importar vacunas contra el COVID-19 para sus trabajadores, familiares y personas de la zona de influencia.
Este diario se comunicó con el congresista César Combina, autor del proyecto de ley, quien nos habló sobre la propuesta y sus beneficios para los trabajadores.
Prohibición a los privados
Sobre la prohibición que tienen las empresas privadas para importar vacunas, el congresista considera que existe un tema ideológico en el manejo de la pandemia desde el inicio por parte del Ejecutivo.
Según Combina, continuar con este sesgo permitiría mantener los privilegios que ellos buscan combatir, ya que “termina creando lista de privilegiados… el Estado ha hecho que la vacunación se convierta en algo exclusivo, producto de redes de clientelismo y compadrazgo, no priorizando al ciudadano real… el que mueve la economía”.
Al ser consultado si es que existe un impedimento legal para importar vacunas contra el COVID-19 por parte del sector privado, el congresista indica: “En este caso tenemos un decreto supremo que regula la vacunación y una Ley Marco para la vacunación, estas dos normas no prohíben la importación privada pero generan una serie de vacíos legales que hasta el día de hoy la hacen imposible de cumplir”.
Puntualiza además la importancia de redoblar esfuerzos conjuntos con el sector privado, ya que si el Estado continúa con este ritmo de vacunación, en un escenario muy optimista se acabaría de vacunar a la población en mayo 2022. Ello significaría un encierro total del 2021, además de grandes pérdidas económicas.
¿Quién se beneficia?
El congresista indicó que el proyecto de ley busca que el beneficiario principal sea el trabajador. Tal como se menciona en el mismo, se podría permitir dos escenarios:
1) Empresas de más de 200 trabajadores podrían realizar una compra directa con supervisión del MINSA.
2) Empresas con menos de 200 trabajadores compren a través de gremios para la importación en conjunto.
Con este proyecto de ley se permitiría la vacunación de los familiares de los trabajadores hasta un nivel de consanguinidad que se podría definir próximamente. Es importante resaltar que el congresista proyecta como mínimo 1 millón de vacunados en el primer trimestre del 2021. Esta proyección se hace en base a la buena voluntad de las empresas y que incluso podría quedar corto.
Posibles efectos de la ley
Una de las principales ventajas que busca aportar el proyecto de ley es que a través del bienestar y tranquilidad de los trabajadores y sus familiares, la productividad de la empresa se incremente.
Según el congresista, dos de los principales problemas al que se enfrentan las empresas hoy en día es la limitación de aforos y la inseguridad de los trabajadores al momento de realizar sus actividades por miedo al contagio. Por lo mencionado, con esto se buscaría: “Ganar productividad, que no significa reducir impuestos, no es vender la vacuna.. lo que genera más empleos y se reactiva la economía”.
Aseveró que “el beneficio para el Estado es que pueda ir depurando su padrón… y el proyecto de ley también desarrolla donaciones para su zona de influencia”, colocando el ejemplo de una minera y las comunidades que viven cerca.
Este último aspecto del proyecto busca generar una visión de responsabilidad social de las empresas y su entorno, generando beneficios para todos.
Acuerdo con las bancadas
El congresista nos menciona que si bien la propuesta ha sido presentada recientemente, ya existen fuerzas políticas interesadas en este proyecto de ley.
Hizo hincapié en que “lo que no nos puede ganar aquí es un tema ideológico”, haciendo referencia a que se debería buscar una salida técnica más que politizada. Finalizó mencionando que se ha demostrado que “el Estado solo, no puede… y el sector privado puede ayudar a un sector de la población para que el Estado se concentre en los más vulnerables”.
