La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República decidió archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas en su contra, llevadas a cabo en diciembre de 2022 y enero de 2023.
Los decesos ocurrieron en medio de manifestaciones violentas tras el intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo y su posterior vacancia. En respuesta a estos eventos, la Fiscalía interrogó a Boluarte para determinar si ella ordenó el uso de fuerza letal contra los manifestantes, pero la presidenta negó dichas acusaciones, señalando que los planes operativos de las fuerzas del orden fueron aprobados por el Consejo de Ministros.
Durante su declaración ante el Ministerio Público, Boluarte afirmó que no tenía responsabilidad alguna por las 60 muertes ocurridas durante las protestas. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que, tras la intervención de la fiscal Patricia Benavides, el representante de la Procuraduría General del Estado, Omar Rojas, no pudo formular sus preguntas debido a la negativa de la defensa de Boluarte.
Antecedentes y otras acusaciones
La fiscal Benavides presentó la denuncia constitucional contra la mandataria cinco meses después de su declaración, el 27 de noviembre de 2023. A pesar de esto, el pasado 11 de julio, la Fiscalía anunció que formalizaría 18 investigaciones contra miembros del Ejército y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por las muertes ocurridas durante las protestas. Estas investigaciones se centran en las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, afectando a un total de 267 ciudadanos.
En Ayacucho, por ejemplo, se formalizó una investigación contra 27 integrantes del Ejército Peruano por los hechos violentos registrados el 15 y 16 de diciembre de 2022, en las inmediaciones del aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte, de la ciudad de Huamanga, que dejaron 55 personas afectadas.
A pesar del archivamiento de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte, las investigaciones contra los miembros de las fuerzas del orden continuarán avanzando en diversas regiones del país.
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Golpes y conclusiones
Sin duda esta decisión marca un hito en la maraña de pesquisas y procesos relacionados con las protestas violentas de finales de 2022 y principios de 2023. Mientras la presidenta se libra de las acusaciones, las investigaciones contra los miembros de las fuerzas del orden persisten, subrayando la gravedad de las violaciones de derechos humanos y la búsqueda de justicia para las víctimas.
Por otro lado, deja abierto el panorama de decisiones que están bajo la vanguardia del Congreso, permitiendo a la ciudadanía dudar sobre la imparcialidad de este órgano constitucional y saborear por momentos una realidad politizada que solo el caminante de este país puede juzgar y un verdugo que también tiene la soga en el cuello puede castigar.
