La inseguridad ciudadana en base al crimen organizado ha crecido en los últimos años, existiendo organizaciones internacionales que realizan sus operaciones en nuestro país. Esto ha llevado a la toma de distintas decisiones y la presentación de propuestas por parte del gobierno central, y también locales, en los últimos meses. Este es el caso de la última declaración realizada por el Ministro del Interior, señalando que el próximo mes iniciará con la expulsión de extranjeros en condiciones irregulares. Sin embargo, esta, al igual que la mayoría de ellas, no resuelven el fondo del asunto procediendo a ser en su mayoría contrarias a las libertades y derechos individuales.
¿Cuál ha sido la última declaración de Romero?
Según mencionó el Ministro del Interior Vicente Romero hace unas semanas atrás, se otorgó un plazo para que los extranjeros que estuvieran en condición de irregularidad tengan sus documentos de acuerdo a ley. Sin embargo, señaló que una vez cumplido con dicho plazo, el cual se dará a partir del 10 de noviembre, se procederá a “desactivar” el sistema con el fin de evitar que las personas que anteriormente no se regularizaron, puedan hacerlo.
Por otro lado, el ministro mencionó que se estaría realizando un acuerdo con la empresa LATAM con el fin de realizar los vuelos Lima-Caracas. De esta manera, de la mano de dicha compañía se realizarían las deportaciones el siguiente mes. Además, respecto a las coordinaciones con los países de origen de los migrantes, señaló lo siguiente. “Hace poco hemos tenido una reunión virtual con el viceministro de Venezuela, para poder facilitar el trabajo que viene realizando el Perú. Hay una buena predisposición por parte de ellos”.
Además, instó a los ciudadanos extranjeros que aún no realizaron los trámites necesarios a hacerlo a tiempo. Esto con el fin de evitar que llegue la fecha límite y el sistema se desactive. A su vez, se refirió también a las otras medidas que viene tomando el gobierno de Boluarte como las modificaciones en las leyes penales. Así como las declaratorias de estados de excepción en algunos distritos de manera positiva por sus «resultados inmediatos».
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La vulneración constitucional que traen estas medidas
Lo alarmante de las medidas que viene tomando el Estado en estos últimos meses es su base en la vulneración a derechos fundamentales de los ciudadanos en general, así como las garantías del debido proceso. Esto debido a que se busca generalizar decisiones que son de carácter excepcional por su misma naturaleza. Así, la declaratoria de emergencia propuesta para algunos distritos del país no soluciona un problema de fondo. Por el contrario, genera un enfoque momentáneo por parte de las autoridades y las fuerzas armadas en un área específica. Restringiendo con ello las libertades de la ciudadanía. Como lo son por ejemplo el derecho a reunirse pacíficamente, a transitar libremente, entre otras.
Por otro lado, se ha dispuesto la modificación del Código Procesal Penal en materia de control de identidad por parte de la Policía Nacional. Se señala que si se tiene sospecha de la comisión de un acto delictivo, se puede intervenir a la persona sin necesidad de un juez o fiscal. Trasladándose a la dependencia policial en un plazo de 4 horas para ciudadanos peruanos y 12 horas como máximo en el caso de extranjeros. Esta disposición vulnera el debido proceso ya que se está utilizando la “sospecha” como razón suficiente para detener a una persona. Sin tomar en cuenta el derecho constitucional de detención en flagrancia o bajo mandato judicial.
A su vez, estas, al igual que otras medidas bastante «populistas» como lo son la declaratoria de expulsión de extranjeros y la prohibición de poder regularizar su situación después de determinara fecha, desactivando el sistema. Así como la extensión de los años de condena para delitos de robo de celulares. Estas generan más decisiones guiadas por el propio sentimentalismo de buscar cambios rápidos en seguridad en lugar de verdaderas soluciones a largo plazo y compatibles a su vez con el estado de derecho.
Las medidas tomadas por el gobierno no resuelven el fondo del problema
Las actuales medidas, además de vulnerar garantías y libertades para la ciudadanía que se encuentran previstas en la Constitución, tampoco resuelven el fondo del problema. Se ha optado, por parte del ejecutivo y del legislativo, la creación de medidas restrictivas o punitivas más fuertes, como lo son declaratorias de emergencia o la ampliación de las facultades policiales en materia de detención. Además, el aumento de años de pena en algunos delitos o la expulsión de ciudadanos extranjeros también se estaría evaluando. Sin embargo, lejos de generar una solución real, solamente generará un freno momentáneo en algunos casos y en otros simplemente no solucionará el problema de fondo que es desarticular a la delincuencia organizada desde sus bases.
Para ello, es importante agilizar los procesos penales haciéndolos más eficientes para conseguir una decisión judicial. Además, generar un verdadero sistema de inteligencia en la PNP para luchar contra organizaciones criminales debe primar por encima de las restricciones a la ciudadanía en su conjunto. Se ha visto en su lugar en los últimos meses, a la ciudadanía consentir restricciones a sus derechos fundamentales. Cuando en realidad un estado de derecho debe garantizar la seguridad de la ciudadanía así como su libertad al mismo tiempo.
