El 28 de noviembre de 2023, el Gobierno emitió el Decreto Supremo N.º 028-2023-RE. Esta norma, firmada por la presidente de la República, Dina Boluarte, y el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Olaechea, abrió una puerta peligrosa para temibles organizaciones criminales en nuestro país.
De manera específica, el Decreto Supremo N.º 028-2023-RE «exonera del requisito de visa temporal en la calidad migratoria de turista a los nacionales de la Republica de El Salvador». Esta medida permite a los nacionales salvadoreños permanecer en el territorio peruano hasta por 183 días calendario, ya sea como visita continua o visitas consecutivas, durante el plazo de un año.
Alcance
El decreto señala que la exoneración se aplica a los ciudadanos de El Salvador que posean «pasaportes ordinarios válidamente emitidos y vigentes según la regulación nacional». En contraparte, se aplica la exoneración del requisito de visado de turismo para los nacionales peruanos que deseen ingresar a El Salvador, que entró en vigencia el 13 de diciembre de 2023.
Objetivo
El objetivo de la medida es impulsar el turismo, las inversiones, el comercio, y el capital extranjero, con el fin de promover el desarrollo de las relaciones bilaterales en ámbitos como el cultural y el económico. Además, la exoneración de visa para los turistas salvadoreños se debe a una supuesta reducción de la tasa delictiva en su país.
Según el documento, «el ingreso de ciudadanos salvadoreños actualmente no representa un riesgo a la seguridad interna debido a la reducción de la tasa delictiva que ha experimentado dicho país», haciendo una referencia tácita a que la organización criminal Maras Salvatruchas ha sido duramente golpeada por las medidas de seguridad interna que ha impulsado El Salvador.
El riesgo de las Maras Salvatrucha
Tal y como señala el antropólogo y periodista salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson en The Washington Post, quien ha estudiado las pandillas en Centroamérica desde el año 2008, las Maras Salvatruchas surgió como una pandilla y ahora se le reconoce como una organización criminal, que en sus inicios controlaban vastos territorios en El Salvador.
Las maras provenientes de Estados Unidos en la década de 1990, se convirtieron en una fuerza dominante en un país con un estado débil y una población joven desempleada. A lo largo de los años, las maras se organizaron en estructuras complejas, controlando territorios y fusionándose con las comunidades locales. Sin embargo, la llegada de la mafia de estado marcó su declive y su desplazamiento. Nayib Bukele, tras ganar poder en el año 2021 y convertirse en el presidente de El Salvador, estableció un régimen autoritario que desplazó a las maras mediante represión y acuerdos ilegales. A pesar de la brutalidad de las acciones estatales, la población salvadoreña apoyó en gran medida la erradicación de las maras. Ello convirtió a Bukele en un héroe nacional.
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En El Salvador, las Maras Salvatruchas son reconocidos históricamente como un problema de seguridad y criminalidad en el país. Estas pandillas han estado involucradas en actividades delictivas como extorsión, tráfico de drogas, homicidios, y otros crímenes violentos. Por ello, han generado un ambiente de inseguridad y violencia en la sociedad salvadoreña.
La situación de las Maras Salvatruchas en El Salvador plantea preocupaciones sobre la posibilidad de que individuos vinculados a estas organizaciones criminales puedan aprovechar la exoneración de visas para ingresar a Perú. De esta manera, existe el riesgo de que posibles criminales salvadoreños puedan utilizar esta medida para trasladar sus actividades delictivas a territorio peruano, logrando escapar de las medidas radicales de Bukele. Esto afectaría significativamente la seguridad interna y aumentaría la criminalidad en Perú.
Antecedentes
Esta situación se compara con la crisis migratoria de Venezuela en Perú. En esta, un gran número de venezolanos han ingresado al país en busca de mejores condiciones de vida; sin embargo, la llegada masiva de migrantes venezolanos ha planteado desafíos en términos de integración, acceso a servicios básicos, y seguridad.
Se estima que más de 800 mil venezolanos residen actualmente en Perú, y la mayoría de ellos ha ingresado al país sin documentos legales. La presencia de estos migrantes sin documentos ha contribuido al aumento de la delincuencia en el país, especialmente en las áreas urbanas.
