La minería nacional vuelve a sufrir un nuevo episodio de conflictos en Pataz. Los problemas de gobernanza y la poca visibilidad que le otorga el Estado a los problemas que aquejan a los actores involucrados han generado que la minería se encuentre, una vez más, atentada por grupos violentos y delincuenciales que utilizan métodos de presión no vistos desde hace buen tiempo en el país. La situación está tomando una escalada violenta y poco amigable para las empresas inversoras y los pobladores de la zona.
Otra vez en Pataz
Un nuevo ataque se produjo hace horas en la minera Poderosa, en la provincia de Pataz, por la explosión de dinamita en una de sus torres de alta tensión. La minera que se encuentra en la localidad de Santa Rosa de Zancobamba, en el distrito de Chugay en Sánchez Carrión, vio complicaciones en sus actividades en las operaciones de Marañón y Santa María al producirse un corte energético por la detonación de la torre 55 que tiene conexiones con el Sistema Eléctrico Nacional (SEIN) y la empresa. Estos acontecimientos terroristas produjeron, en este caso, pérdidas materiales y económicas por la dificultad que conlleva el restablecimiento energético de sus funciones.
Las mafias envueltas en la minería ilegal han producido este atentado en medio de un Estado de Emergencia que parece no ser suficiente frente a las amenazas constantes que están dándose en el sector, que cada vez utilizan mecanismos más violentos para imponerse frente a la legalidad que intenta promover el Estado peruano.
No es ni la primera, ni la segunda vez…
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Desde el 2022, se tiene conocimiento de estos actos que van más allá de la delincuencia. La propia minera Poderosa manifestó que son 15 torres afectadas, más la muerte de 17 personas que aún no encuentran justicia frente a estos delitos. «Lamentablemente, la presencia significativa de efectivos del orden en Pataz no se ha concretado en un importante programa de interdicciones a las operaciones de los mineros ilegales, que siguen actuando con impunidad, amparados por el Reinfo”, detalló en un comunicado. Asimismo, se exhortó al Estado peruano a defender los intereses nacionales y los de las empresas, ya que no se puede caer en el terror de grupos que actúan desde la ilegalidad.
Por su lado, la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PERUCÁMARAS) solicitó que se efectúen medidas eficaces frente a este suceso.
Dos atentados en menos de 3 meses
El último 5 de abril, la minera Poderosa también se vio afectada por un atentado donde se dinamitaron dos torres de alta tensión, según Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa. Además, dichos criminales intentaron tomar instalaciones de la empresa ingresando a dos galerías de la mina. Este lamentable episodio dejó un saldo de un muerto y dos heridos de gravedad.
En aquel momento la crítica de Pablo de la Flor se centró en el Poder Legislativo por, según sus declaraciones, no acompañar al Ejecutivo en la lucha contra la violencia y, todavía más preocupante, tener intereses comprometidos con delincuentes. “Hay voluntad política de parte del Ejecutivo, lamentablemente no vemos el acompañamiento del Legislativo. Hay un grupo de congresistas que vienen actuando de manera cercana con estos intereses de los mineros ilegales y que son los responsables de haber derogado el instrumento legal que permitía combatir este terrible flagelo”, precisó.
