El asesinato constante de guardabosques en nuestro país expresa la incapacidad del Estado para promover sus propios lineamientos de seguridad y medioambiente. Los problemas no son ajenos a las cuestiones políticas, a la dificultad de generar consensos como proyectos de ley que refuercen la visión y misión del Estado peruano. La seguridad a todos los ciudadanos y la protección de los recursos naturales, cuestiones básicas de cada entidad gubernamental, nos ponen en «jaque».
Datos de terror
En los últimos cuatro años en el Perú, se han producido 20 asesinatos a ciudadanos involucrados con la defensa del medioambiente. Datos perturbadores para un país que dice querer cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el 2030. Muchos de los casos que terminaron en tragedia fueron informados con anterioridad por las mismas personas o sus allegadas sin ninguna respuesta efectiva del Estado, pues terminaron siendo ejecutados.
Frente a esta incapacidad y acción limitada estatal, corroborada por los datos existentes y las versiones de las propias comunidades, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha solicitado al Estado peruano tomar acciones más firmes frente a las amenazas y acciones ilegales que se realizan en nuestra amazonía y reservas naturales.
Por ejemplo, con el líder asesinado Quinto Inuma, según la CIDH, se tomaron medidas; sin embargo, estas no fueron suficientes, lo cual suprime cualquier intento de política de protección.
LEE TAMBIÉN: Ministerio Público abre investigación contra Espinoza y Alcarraz
Últimos acontecimientos
La pérdida del guardabosque Victorio Dariquebe Gerawairey, líder indígena harakbut, que protegía la Reserva Comunal Amakaeri fue el último acontecimiento. La noche del viernes 19, el Sr. Dariquebe recibió un disparo al pecho, tras ser perseguido por 4 hombres. No solamente atentaron contra su vida, sino también contra la de su menor hijo, Edson Dariquebe, que también se encontraba dentro del vehículo. Este fue blanco de agresiones y torturas; no obstante, pudo salvar su vida al escapar de los delincuentes.
El cobarde ataque se realizó mientras que Dariquebe se encontraba en su día de descanso. Ana Isabel, sobrina del guardaparque, narró los hechos en el medio Mongabay Latam: «Pasaba su día libre con su hijo de 18 años cuando le dispararon (…) creemos que fueron mineros ilegales porque en Quincemil, la zona donde trabaja, hay mineros. Otra posibilidad que manejamos es que lo confundieron con un cocalero, pero lo dudamos, mi tío viajaba en una moto lineal con un casco simple para que se le notara el rostro». Estas especulaciones relacionadas con las economías ilegales siguen la misma línea que las versiones de los demás familiares que confirmaron que Victorio sufría amenazas constantes.
¿Cómo proteger a nuestros defensores ambientales?
De acuerdo con un informe de Global Witness en el 2022, el 39% de los asesinatos a defensores ambientales ocurren principalmente hacía líderes indígenas. Según Joseline Quispe, miembro del Equipo de Derecho Ambiental PUCP, Red Universitaria Ambiental PUCP y organizadora de eventos de concientización ambiental, a pesar de tal cifra, países con poblaciones indígenas significativas, como el Perú, no han ratificado una herramienta crucial para la protección indígena como el Acuerdo de Escazú.
De acuerdo con la CEPAL, el mencionado acuerdo reconoce el trabajo de los defensores ambientales, garantiza su seguridad, derecho en la toma de decisiones ambientales y acceso a información ambiental. Por ello, Joseline Quispe comenta que la celebración y ratificación se vuelve una esperanza para los defensores ambientales, quienes se ven constantemente amenazados por la incapacidad de defensa estatal. Añadido a esto, considera que el Acuerdo de Ezcazú viene a ser un avance signficiativo para la materializarialización de la agenda de los pueblos indígenas, quienes presentan dos principales problemas: la pérdida de sus tierras y su cultura. Con el acuerdo, estos líderes indígenas tendrán la seguridad de defender su territorio que es donde se encuentra su cosmovisión y organziación sociopolítica.
Finalmente, Joseline Quispe culmina pregúntandose la razón detrás de la no aplicación de esta herramienta: «La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) igual que yo, consideramos que la falta de voluntad política sería una respuesta atinada, lo cual genera que el Perú se prive de cooperación internacional para la seguridad y la oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos mediante una mejora de gestión ambiental».
LEE TAMBIÉN: Congreso aprueba el retiro de la CTS en su totalidad
