La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz Dulanto, presentó ante la Corte Superior de Justicia una demanda constitucional de amparo para dejar sin efecto el alza del precio de los peajes por parte de la concesionaria Rutas de Lima.
La parlamentaria hace énfasis en la variación del costo del peaje que pasará de S/. 6.50 a la suma de S/. 7.50, previsto para este 30 de enero, por lo que la parlamentaria califica esto como una afectación al «derecho a tránsito de los usuarios de Lima».
Asimismo, expone que la concesionaria Rutas de Lima, integrada por la reconocida empresa canadiense Brookfield, buscan «adoptar posiciones de dominio y decisiones, tales, que los usuarios no gocen de servicios provenientes de esta concesión con reglas de juego claras y sin afectar el desarrollo de los ciudadanos, infringiendo la primera parte del artículo 61° y artículo 65° de la Constitución Política del Perú».
Esta solicitud busca dejar sin efecto la carta de Rutas de Lima enviada el pasado 15 de enero a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Gerencia de Supervisión de Contratos del Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET, con la finalidad de incrementar el precio del peaje S/. 7.50 en todos los puntos de cobros que administran.
Rosselli Amuruz pide al juez constitucional que admita su demanda de amparo y que, dentro de sus facultades a elegir, declare fundada la misma.
Solicitudes anteriores
También, Rosselli Amuruz solicitó a la Comisión de Transporte y Comunicaciones que cite al representante de la concesionaria Rutas de Lima con carácter de urgencia para que detalle las razones de su pretendida alza de precios de peajes.
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Dentro de ese pedido, se señaló al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para que pueda ser partícipe de esta reunión como «representante de la comuna afectada».
La parlamentaria indicaba, además, que el burgomaestre viene denunciando el incumplimiento por parte de la Concesionaria Rutas de Lima con algunos términos contractuales.
