El viernes 20 del presente año se realizó una solicitud por parte de la Procuraduría hacia la Fiscalía de la Nación. El propósito es de abrir una investigación en contra de Rosselli Amuruz, congresista que ha estado en boca de todos tras los sucesos de Lince. Los hechos involucran a Paul García Oviedo y resaltan el interés de ambos en cuestionables contrataciones hechas dentro del Poder Legislativo.
Al respecto de la investigación, el Ministerio Público realizó unas declaraciones precisando lo siguiente: “El pedido busca que se investigue el presunto interés indebido de la citada vicepresidenta en las contrataciones de personas cercanas a Paul García Oviedo en el Congreso de la República”
Presuntos delitos
Supuestamente, Roselli Amuruz habría realizado contrataciones de manera irregular con personas allegadas a Paul García, quien es su pareja y además fue congresista en el periodo 2020-2021. Asimismo, se incluye en la investigación las interrogantes producto de la polémica fiesta llevada a cabo en Lince, cuyo desenlace fue la muerte de Christian Enrique Tirado.
Dentro de las dudosas contrataciones, ocho tenían relación con la pareja de la parlamentaria, siendo además individuos involucrados en la fiesta de Lince. Además, dentro de los contratados figuran tres familiares del fallecido, quienes eran tanto dos ex trabajadoras de su despacho legislativo como su propia hermana.
Por si fuera poco, llama la atención el caso de Karen Rojas Brandes, quien figura en planilla como asesora II de la Comisión Especial Capital Perú, liderada por Rosselli Amuruz. La situación se repite con Carmen Neyra Jiménez, quien también resultó contratada como asesora II.
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Consecuencias
Ante esto, la congresista está siendo acusada por la presunta vulneración del código de ética parlamentaria y la medida fue llevada a votación. Los resultados fueron tajantes: 17 votos a favor, sin abstenciones ni votación en contra, aprobándose así la denuncia de oficio por parte de la Comisión de Ética del Parlamento.
Cabe resaltar que no es su única acusación, pues la Procuraduría General del Estado presume que la parlamentaria habría cometido el delito de negociación incompatible. Dicho agravio conlleva una pena de cuatro a seis años de cárcel. Las interrogantes contra la tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva de Alejandro Soto habrían aparecido tras denuncias en Punto Final y El Comercio.
