La situación de las reformas propuestas durante el año 2023 revela un patrón preocupante de estancamiento y falta de avance en temas fundamentales. Desde la repetida búsqueda de inversiones hasta la retórica de redoblar esfuerzos, se ha evidenciado una desconexión entre las afirmaciones y la realidad en la implementación de cambios significativos.
Estas propuestas no han logrado avances positivos debido a diversas problemáticas que las han obstaculizado, entre otros aspectos, han revelado una colusión de desafíos que impiden el progreso real en las reformas.
En medio de este contexto, las reformas se encuentran estancadas, lo que genera preocupación y plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias propuestas para abordar problemas clave. La falta de avance en estas áreas es un reflejo de la dificultad para superar obstáculos y llevar a cabo cambios tangibles en beneficio del país.
En serio, ¿hubieron reformas?
El actual escenario político muestra una preocupante sobrerregulación que, en lugar de fortalecer los partidos políticos, ha dado lugar al empoderamiento de improvisados políticos que, en muchas ocasiones, recurren a prácticas cuestionables. Es esencial desregular la actividad política a través de una ley general que promueva una oferta política variada y una participación inclusiva. Esto contrarrestaría el prejuicio existente en torno a las reformas, ya que se necesita un cambio que fomente la legitimidad y eficacia en el ámbito político.
Es fundamental abandonar las ideas preconcebidas sobre las primarias PASO, ya que actualmente no se cuenta con evidencia sólida que respalde su eficacia. Más bien, se debe enfocar en establecer una ley que promueva una mayor apertura y participación sin encorsetar el sistema político.
La propuesta de bicameralidad representa una oportunidad significativa para el país, ya que este cambio podría contribuir al equilibrio necesario en la toma de decisiones legislativas. Asimismo, se podría fomentar la rendición de cuentas de los congresistas, elemento esencial para garantizar una mayor transparencia y responsabilidad en sus funciones.
Es crucial retomar el debate sobre los distritos uninominales y reducir aquellos distritos con el objetivo de lograr una representatividad más adecuada. El proyecto presentado por la congresista Tudela es un ejemplo de cómo se puede mejorar este aspecto. En lugar de enfocarnos en la creación de nuevos partidos políticos, se debe trabajar en mejorar y fortalecer los existentes para lograr un sistema más estable que garantice la representación y defensa de los intereses sociales.
La «ventanilla única» es solicitada por varios sectores, a menudo quienes la tienen se quejan de ella. La concentración de obstáculos en un solo lugar, aunque puede reducir la complejidad, también intensifica las trabas en un único punto. La sobre regulación, impulsada por la lucha anticorrupción, afecta diversos ámbitos como el empleo, proyectos de transporte como el Metropolitano y el metro de Lima, así como los esfuerzos para recuperar la confianza en el año 2024.
En resumen, para alcanzar una estructura política más sólida y responsable, es vital desregular el ámbito político a través de una ley que promueva la participación inclusiva, considerar el cambio hacia la bicameralidad para equilibrar la toma de decisiones legislativas, revisar los distritos uninominales para garantizar una representatividad más adecuada y fortalecer los partidos políticos existentes en lugar de buscar la proliferación de nuevas fuerzas políticas.
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¿Que hizo el Ejecutivo, recurrió a reformas?
El gobierno ha establecido acuerdos implícitos con el Congreso para permitir al Ejecutivo liderar temas como seguridad, prevención de desastres, infraestructura social y meritocracia, utilizando facultades legislativas que vencieron en diciembre. Se designaron figuras conservadoras alineadas con la mayoría congresal, como Óscar Becerra y luego Miriam Ponce, para liderar el Ministerio de Educación.
En asuntos exteriores, la Cancillería ha sido objeto de disputas ideológicas debido a la visión anti-globalista de la mayoría congresal, que critica el sistema interamericano de justicia. A pesar de ello, figuras como Alberto Otárola y Boluarte han expresado su compromiso con este sistema, que supervisa la investigación de las protestas pasadas y ofrece respaldo en conflictos locales ante la postura alineada de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el Congreso.
Para mitigar el anti-globalismo que rechaza la agenda 20/30, el gobierno ha cedido espacio en la Cancillería a el canciller político Javier González-Olaechea. Además, se han dado situaciones en las que otros poderes, como Patricia Benavides, han intentado manipular la justicia para obtener votos afines, lo que evidencia la persistente politización del sistema judicial.
El ministro de Economía, Álex Contreras, ha mencionado que «un sol en prevención son 10 soles en inversión», refiriéndose a la importancia de prevenir problemas en lugar de lamentarlos después. Sin embargo, el problema radica en que, si no se lamenta la falta de prevención, se termina lamentando los obstáculos que retrasan o detienen los proyectos de prevención.
En resumen, el gobierno ha negociado tácitamente con el Congreso en ciertos temas, cediendo terreno en áreas como educación y Cancillería, mientras lidia con la politización de la justicia, situación que parece continuar sin resolverse hacia el 2024.
