La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) ha confirmado la suspensión de Rafael Vela, dejando a los equipos especiales de Lava Jato y las fiscalías anticorrupción sin un líder. Esta medida de 8 meses y 15 días se basa en tres supuestas faltas graves relacionadas con declaraciones críticas realizadas en 2020 sobre decisiones judiciales en el caso Keiko Fujimori.
La sanción resalta la complejidad de la relación entre el sistema judicial y los fiscales que persiguen casos de corrupción. Esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de los fiscales en la lucha contra la corrupción política, ya que la suspensión de Vela podría generar impactos en la continuidad y efectividad de importantes investigaciones en curso.
La firma del documento por parte de la fiscal Giuliana Ortiz, en representación de la ANC del Ministerio Público liderado por Juan Fernández Jerí, destaca la gravedad de las declaraciones de Rafael Vela sobre el caso de Keiko Fujimori. Se enfatiza que, Vela se pronunció cuando aún estaba en etapa de investigación preparatoria.
Además, la repercusión de la suspensión de Vela se extiende a varios casos importantes como el de Alejandro Toledo, el caso Metro de Lima, Ollanta Humala y Nadine Heredia, así como las investigaciones relacionadas con PPK, el Gasoducto Sur, Vladimir Cerrón y Perú Libre, generando incertidumbre en los procesos judiciales en curso.
¿Un quiebre en la Fiscalía?
En un contexto de tensiones evidentes entre Rafael Vela y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se produce la suspensión del primero, sumándose a las crecientes investigaciones de la ANC en su contra y la de José Domingo Pérez, ambos del equipo especial, por sus apariciones mediáticas.
La apelación de Vela sobre su sanción, realizada en una audiencia a la que se limitó el acceso a la prensa, suscitó interrogantes sobre la transparencia del proceso. Posteriormente, Vela fue notificado de su suspensión mientras participaba en un congreso, coincidiendo con un discurso de Benavides que parecía dirigido hacia el equipo especial, aunque sin mencionar nombres.
El retiro repentino de Vela del lugar tras enterarse de su suspensión llevó a interpretaciones sobre presuntas estrategias de humillación pública. Las declaraciones de Vela posteriormente sugieren una sensación de desamparo y una percepción de apoyo falso por parte de la fiscal de la Nación.
Este episodio resalta la compleja relación entre las altas esferas del Ministerio Público y el equipo especial, generando interrogantes sobre la transparencia en los procesos disciplinarios y la necesidad de salvaguardar la independencia de los fiscales en su labor, particularmente en casos de gran relevancia pública como los que lleva el equipo especial.
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Defensa de Rafael Vela
Rafael Vela interpuso un recurso de amparo ante el Poder Judicial para invalidar su proceso disciplinario y solicitó una medida cautelar para detenerlo. Sin embargo, el juez a cargo del caso fue suspendido antes de emitir un fallo al respecto.
A pesar de que la audiencia sobre el fondo de la demanda está programada para enero, es probable que el juez decida sobre la medida cautelar cuando reanude sus funciones el próximo 18 de diciembre.
Una fiscal del equipo especial, Geovana Mori, expresó que ni ella ni sus compañeros tienen intenciones de renunciar y mantienen la confianza en que la justicia respaldará al fiscal superior. Mori enfatizó la relevancia del liderazgo de Vela en los avances conseguidos por el equipo especial en sus investigaciones.
Aunque se contempló la posibilidad de renunciar, se reveló que Vela instó a los fiscales a mantenerse en sus roles para poder defender los casos en curso. Sin embargo, existe la preocupación de que la designación de un nuevo fiscal coordinador por parte de Patricia Benavides pueda generar cambios que afecten los procesos judiciales asociados a Odebrecht y otras empresas constructoras brasileñas.
