Hector Acuña, congresista de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, presentó un proyecto de ley que busca aumentar los requisitos para acceder al cargo de defensor del Pueblo. Entre estos requisitos, está que el defensor tendrá que dejar de ejercer sus funciones al terminar su mandato de cinco años.
El legislador presentó el proyecto de ley de reforma constitucional para modificar el artículo 161 de la Constitución. Esto a fin de hacer más estrictos los requisitos para ostentar el cargo de defensor. Según él, la iniciativa pretende fortalecer la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo y asegurar su autonomía.
El proyecto precisa que «vencido su periodo, el defensor del pueblo cesa en el cargo y, de no haber sido elegido su sucesor, asume sus funciones el primer adjunto, hasta su designación». Como se sabe, los adjuntos son seleccionados a través de un concurso público de mérito de la Defensoría.
Los requisitos
De ser aprobado el proyecto, se añadirían diversos requisitos para postular al cargo. Ser mayor de 45 años, ser abogado en ejercicio con una trayectoria profesional reconocida de no menos de 25 años y contar con al menos 10 años de experiencia en defensa y promoción de los derechos humanos.
Actualmente, la Constitución establece como únicos requisitos ser mayor de 35 años y ser abogado.
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El proyecto también detalla que los candidatos no podrán tener sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso. Asimismo, no podrán estar inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios y no deberán haber sido inhabilitado por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República.
A estos requisitos se suma el no haber sido separado de cargos de administración pública por medida disciplinaria. Tampoco pueden contar con ninguna afiliación política.
«[La propuesta] busca garantizar la continuidad en el funcionamiento de la institución, pero promoviendo la alternancia en el cargo (…). Además de establecer requisitos mínimos y objetivos que aseguren la idoneidad de las personas», se explicó en la exposición de motivos en el Parlamento.