La Procuraduría General del Estado (PGE) pidió a la Corte Suprema de Justicia poder embargar los inmuebles del expresidente Pedro Castillo y su exasesor Aníbal Torres por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado.
El titular del PGE, Daniel Soria, indicó que esta solicitud se ampara en la condición de «actor civil constituido» en representación del Estado que se le otorga a la procuraduría. Por ello, pidió «se dicte las medidas cautelares reales de embargo en forma de inscripción e inhibición» de los bienes muebles e inmuebles a los exfuncionarios señalados, por el fallido golpe de Estado realizado el pasado 7 de diciembre de 2022.
Su segundo pedido
El procurador general también precisó que se hizo la consulta a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) sobre los bienes e inmuebles, por lo que remitió al Poder Judicial este listado para que se declaren fundadas las medidas solicitadas.
Por el lado del expremier Aníbal Torres, se pide el embargo de ocho de sus propiedades inmuebles, las cuales tratan de un edificio en la calle Los Eucaliptos en el distrito limeño de San Isidro y otras ubicadas en el Jr. Pando en el Cercado de Lima, junto a un vehículo jeep de color negro.
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Dentro del documento presentado, se señala que «ello en atención a que la pretensión civil resarcitoria inicialmente solicitada por nuestra parte asciende a S/67 711 048.33 millones, el cual fue solicitada en nuestra condición de actor civil, el mismo que fue declarada fundada por su despacho».
Asimismo, la PGE solicitó la incautación de los bienes inmuebles del exjefe de Estado, Pedro Castillo, indicando tres posesiones rurales en las provincias de Cajamarca, Chota y una casa ubicada en el distrito de Tacabamba.
