Minutos antes de las 9:40 de la mañana del 17 de noviembre, el premier Aníbal Torres ingresó junto a trece ministros al Congreso de la República y planteó nuevamente una cuestión de confianza. Mediante el Proyecto de Ley 3570 presentado por el Gobierno del Pedro Castillo ante el presidente del Parlamento, se exigió la derogación de los artículos 40 y 44 de la Ley 31399. Actualmente, la mencionada norma refuerza los límites de un referéndum.
No estaba en agenda legislativa la visita del primer ministro. Fue una llegada inesperada. Pero José Williams Zapata — presidente del Congreso — dejó pasar al Gabinete de Torres. Después del saludo protocolar, se reanudó el Pleno. Supuestamente debieron evaluar si aceptan o rechazan las peticiones del mandatario para asistir a eventos de alto nivel que se realizarán en México y Chile. Sin embargo, la presencia fortuita de Aníbal Torres cambió los planes del Legislativo.
Desde el atril del Congreso, el presidente del Gabinete Ministerial catalogó la Ley 31399 como la ley anti referéndum. Luego aseveró que el Ejecutivo tiene facultades para presentar una o dos cuestiones de confianza de manera reiterativa. Además, comentó que se puede abolir una norma a pesar de que el Tribunal Constitucional haya o no declarado la constitucionalidad de una ley. También criticó las interpelaciones y censuras contra los ministros de Castillo.
¿Qué dice el Proyecto de Ley 3570?
Antes de que el premier asistiera inesperadamente al Congreso, el Gobierno de Pedro Castillo presentó el Proyecto de Ley 3570. Dicha iniciativa pretende «remediar una situación producida por la Ley 31399 que desnaturalizó uno de los derechos relevantes que se desprende del texto constitucional».
El Ejecutivo consideró que la mencionada norma impide la participación política de los ciudadanos en un referéndum. Además, estimaron que contraviene el fortalecimiento del sistema democrático y la gobernabilidad. Incluso argumentaron que si sigue vigente la Ley 31399 se «generaría un serio impedimento para consolidar este derecho ciudadano». En definitiva, el Gobierno del profesor quiere que la población se pronuncie de manera soberana en el ámbito de los asuntos públicos.
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¿Y la otra cuestión de confianza?
Anteriormente, habían presentado una cuestión de confianza. En el Oficio 433-2022 remitido al presidente del Congreso, el premier Aníbal Torres exigió que debatan y voten el Proyecto de Ley 1704-2021 que fue presentado el último 8 de abril para derogar la Ley 31355. Esta norma avala que la moción de censura contra el Consejo de Ministros puede ser presentada por no menos del 25 % del número legal de parlamentarios.
Recordemos que el jefe de Estado el jefe del Gabinete Ministerial presentaron el Proyecto de Ley 1704-2021 ante María del Carmen Alva Prieto, entonces presidenta del Congreso, para derogar la ley que desarrolla el ejercicio de la Cuestión de Confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Carta Magna.
«Desde el Ejecutivo sostenemos que la existencia de la Ley 31355 restringe la facultad del Ejecutivo de usar la cuestión de confianza, debilitando el sistema democrático en cuanto a las atribuciones de un Poder Ejecutivo que se encuentra presidido por alguien democráticamente elegido, como es el presidente Pedro Castillo Terrones», arguyeron en el Oficio 433-2022.
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A inicios del presente año, sin embargo, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad iniciada por el Gobierno de Castillo contra dicha norma. Los magistrados Blume Fortino, Miranda Canales, Sardón de Taboada y Ferrero Costa votaron en contra debido a que la solicitud carecía de razones.
Pero esta cuestión de confianza de Torres fue cuestionada. Por ejemplo, el constitucionalista Natale Amprimo calificó de improcedente las peticiones formuladas en el Oficio 433-2022. Asimismo, Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, criticó la acción de cuestión de confianza debido a que este mecanismo constitucional se plantea sobre políticas públicas y no sobre proyectos de ley.
A pesar de los cuestionamientos, el congresista Pasión Dávila respaldó la iniciativa del jefe del Gabinete Ministerial. Tanto fue el apoyo que instó a la Mesa Directiva para que admitan a trámite el proyecto que el Gobierno de Castillo presentó el pasado 8 de abril.
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¿Cerraron el Congreso?
En un reciente comunicado, la Oficialía del Congreso anunció algunas restricciones para ingresar al Palacio Legislativo. Dichas medidas ocurrieron debido a la posible llegada del premier Aníbal Torres junto al resto de su gabinete. Una de las limitaciones fue que únicamente los legisladores podrán entrar al Parlamento. Sin embargo, el presidente del Gabinete Ministerial entró y salió con una cuestión de confianza.
