El Poder Judicial condenó al ex fiscal Abel Concha Calla por los delitos de tráfico de influencias real y simulada. Este proceso penal es parte del caso conocido como «Los Temerarios del Crimen». Se alega que este grupo operó en relación con la Municipalidad Provincial de Chiclayo. La condena para el ex fiscal de la Décima Fiscalía Superior Penal de Lima consiste en una pena de nueve años y cuatro meses de reclusión. Además, será inhabilitado de sus funciones por 15 años y se le ordena pagar una compensación económica de S/220,000.
El pasado martes 29 de agosto, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema realizó la lectura en formato virtual del resumen de la sentencia. Durante esa sesión, se explicó que la condena del ex fiscal quedará en espera de su confirmación o aceptación en una instancia superior antes de ser ejecutada. También, según la acusación fiscal, Abel Concha había brindado información reservada al exalcalde de Chiclayo David Cornejo.
El tribunal estaba conformado por Víctor Roberto Prado Saldarriaga, Inés Villa Bonilla y José Antonio Neyra. Así, el Poder Judicial mencionó que Concha tenía «previo conocimiento de los delitos de tráfico de influencias». Los magistrados determinaron que el ex fiscal cumplirá ciertas reglas de conducta. Esto incluye someterse a un control biométrico mensual, no abandonar su lugar de residencia sin permiso y acatar otras restricciones bajo la advertencia de que la suspensión de su pena de prisión efectiva podría ser revocada.
La audiencia terminó tras más de dos horas de reunión. Además, se anunció que la lectura completa del fallo se realizará el 7 de setiembre.
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Situación previa
Abel Concha, junto a otros implicados en el caso «Los Temerarios del Crimen» fueron detenidos en noviembre y diciembre de 2018. Luego, los tuvieron en prisión preventiva. Se les acusaba de presuntamente formar parte de la red criminal dirigida por el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo.
De acuerdo a Perú Legal, en la presentación del caso disciplinario Nº 161-2020-JNJ, dirigido por la consejera Imelda Tumialán, se estableció de manera comprobada su significativa participación en la infracción. Esto se debió a que, en su rol como fiscal superior, pudo acceder a detalles «sobre una investigación por corrupción que no se encontraba bajo su responsabilidad». Así, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso la destitución del ex fiscal por este caso en el 2022, al considerar que cometió faltas graves en su función como parte del Ministerio Público.
