Amilanamiento político. En medio de las seis pesquisas abiertas contra Pedro Castillo, el grupo parlamentario de Perú Libre denunció constitucionalmente a Patricia Benavides Vargas, titular del Ministerio Público. Según el bastión de Vladimir Cerrón Rojas, Benavides habría infringido los artículos 146 y 159 de la Carta Magna. Además, habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad y obstrucción a la justicia en agravio del Estado.
Principalmente, la delación se originó por la destitución «abrupta y prepotente» de Bersabeth Revilla Corrales, quien fungía de fiscal suprema. La salida de Revilla, según la bancada oficialista, se produjo por una razón: estaba investigando a Emma Benavides Vargas, hermana de la fiscal de la Nación, por los delitos de cohecho y asociación ilícita en la modalidad de organización criminal. A Emma se le acusó de sobornar a presuntos narcotraficantes para su excarcelación. «Entre los que destacan Roberto Gómez Herrara, ‘Huevito’, y José López Quispe», precisaron en el documento remitido a Rosío Torres Salinas, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Asimismo, remarcaron que ese relevo genera impunidad y desgobierno. Porque «permite que los delitos cometidos por Emma queden impunes».
Quien reemplazó a Bersabeth Revilla fue Sylvia Sack Ramos. Pero la designación de esta última, según Perú Libre, empeoró las cosas. Pues no logró el equiparamiento deseado por Patricia Benavides. Después de la destitución, Revilla renunció al Ministerio Público. «No soportó el abuso de poder», aseveraron los congresista del lápiz.
¿Una destitución más?
La misma situación. Patricia Benavides destituyó a Pablo Sánchez Velarde. Este era el coordinador del equipo especial que investigaba el caso Cuellos Blancos. Además, el último 27 de julio, Víctor Cubas Villanueva —entonces fiscal supremo— renunció al Ministerio Público. Esa dimisión se dio a modo de protesta porque consideró como tiranía la «desarticulación» efectuada por Benavides. «Maltratar innecesariamente a fiscales puede afectar dichas investigaciones», arguyó.
No fue el único. El 4 de agosto de 2022, Patricia Benavides finalizó la designación de Felipe Salas Zegarra como fiscal adjunto en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. «La gestión de Benavides está haciendo movimientos estratégicos. Al parecer, nada favorable para los intereses de la sociedad. Pero, presuntamente, favorable a sus propios intereses en perjuicio de la justicia», comentó Salas el 21 de julio.
Por todo ello, el baluarte de Vladimir Cerrón denunció constitucionalmente a Patricia Benavides. Tras las destituciones, según Perú Libre, la fiscal de la Nación habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Sin embargo, en el programa Panorama, Benavides intentó aclarar el supuesto «desmantelamiento» de los fiscales a cargo del caso Cuellos Blancos. «Se corrigieron las competencias porque el doctor Pablo Sánchez no tenía ninguna investigación de Cuellos Blancos», puntualizó.
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¿Incongruencias?
Hay tres parlamentarios de Perú Libre que integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales: Waldemar Cerrón Rojas, Alfredo Pariona Sinche y María Taipe Coronado. Ellos estamparon sus firmas en la denuncia constitucional contra Patricia Benavides. Pero cometieron una imprudencia. Ya que, según el literal C del artículo 89 del Congreso, se precisa: «Los congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales están impedidos de presentar denuncias constitucionales».
Controversia
Esta denuncia generó controversia. Para César Acuña Peralta, esa delación representa un acoso político. «Es inaceptable la campaña de descalificación que sufre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides», opinó. En esa misma línea, el legislador Diego Bazán manifestó que se inició la persecución política contra Benavides. «Perú Libre se sacó la careta porque no se puede defender lo indefendible», alegó.
Asimismo, César Bazán Naveda, decano del Colegio de Abogados de Lima, rechazó la denuncia presentada en contra de Benavides. Incluso negó el abuso de autoridad de Benavides en las pesquisas efectuadas contra el mandatario. «No hay ningún abuso de autoridad porque ella tiene autoridad para investigar. Los hechos que la fiscal ha realizado son correctos y están dentro de la ley», zanjó.
