La Corte Suprema determinó que la procuraduría se incluya dentro del caso del expresidente Pedro Castillo como «actor civil» o «parte agraviada» tras declarar infundada la oposición del exministro del Exterior Roberto Sánchez.
Ante ello, la Procuraduría General del Estado (PGE) podría acceder al pago de una reparación civil a favor del Estado en el caso del exmandatario junto a otros involucrados por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Esta decisión la tomó el juez supremo Juan Carlos Checkley por declarar fundada esta solicitud por parte del PGE para entrar como «actor civil» o «parte agraviada» dentro de este proceso.
¿En qué se basó el juez?
El magistrado tomó esta medida luego de haber declarado infundado el pedido formulado por parte del exministro Roberto Sánchez.
En esa línea, la PGE ya había incluido, en su solicitud para entrar en este caso, al expresidente Pedro Castillo, la expremier Bettsy Chávez, el exasesor Anhíbal Torres y los exministros Willy Huertas y Roberto Sánchez, para que paguen la suma de S/ 671 148.33 por el concepto de reparación civil a favor del Estado por el fallido golpe de Estado.
Dentro de este pedido escrito, la procuraduría se abstiene a variar o incrementar este monto establecido.
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El secreto de las comunicaciones
Por otro lado, la Corte Suprema se encuentra evaluando el pedido fiscal que ordena el levantamiento del secreto de las comunicaciones en el caso del exjefe de Estado y los demás vinculados.
El juez Checkley dará su decisión final dentro del plazo de la ley para ver si se ordena el levantamiento de las comunicaciones.
Este requerimiento lo dio la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y se observó con los implicados del caso junto a sus abogados para emitir una decisión.
