Los abogados del presidente Pedro Castillo solicitaron que la Fiscalía de la Nación anule el proceso de investigación preliminar por el presunto delito de liderar una organización criminal. Es el primer jefe de Estado en ser increpado durante su mandato, ello tras las recientes declaraciones del colaborador eficaz CE-02-5D-2FPCEDCF-2022.
Los defensores de Castillo presentaron el pedido de nulidad tras la decisión del fiscal de al Nación, Pablo Sánchez, quien solicitó abrir la investigación correspondiente. El documento de la defensa legal del presidente fue enviado al Ministerio Público bajo los argumentos de supuesta persecución. Asimismo, agregaron que se estaría atentando contra el artículo 117 de la Constitución Política del país.
«Consideramos que se viola el artículo 117 de la Constitución; que prohíbe que un presidente de la República pueda ser investigado y perseguido. Además con eso se está sentando un precedente nefasto», adelantó el abogado Benji Espinoza sobre el caso de investigación preliminar..
En declaraciones para RPP, el también defensor legal de Castillo, Eduardo Pachas, acusó que el mandatario está siendo hostigado por parte de la fiscalía. En el marco de la investigación preliminar, agregó que las leyes en el Perú consideran un blindaje a la figura presidencial porque se trata del alto dignatario que debe guiar el rumbo del país.
«No se le pueden dictar medidas coercitivas, ‘chuponear’, hacer intervenciones telefónicas. El presidente debe trabajar y se le está haciendo un hostigamiento por parte de la fiscalía y esa interpretación no está de acuerdo a la ley y el marco jurídico», mencionó Pachas.
LEE TAMBIÉN: Ministro de Agricultura fue condenado en 1997 por delito de usurpación
¿Cuáles son los argumentos de los abogados para solicitar la nulidad de la investigación?
El Comercio accedió a un documento de 11 páginas donde se especifican los argumentos en contra de la investigación preliminar contra el mandatario. Al respecto, los abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas alegaron que se trataría de una vulneración a la Carta Magna. El artículo 117 señala que el presidente no deberá ser inmerso a ningún acto penal mientras se encuentre en el ejercicio de sus funciones.
Los abogados señalaron que el caso no ingresa en la lista de supuestos por los que el presidente puede ser perseguido penalmente. Por ende, señalaron que se trataría de una percusión contra el mandatario Castillo. Asimismo, agregaron que la Constitución prohíbe la persecución de Castillo al encontrarse en funciones. «Solo se puede perseguir al presidente en funciones cuando concurran alguno de los supuestos del mencionado artículo”, puntualiza.
Los supuestos señalados en el artículo 117 son: traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, por disolver el Congreso ante caso no previsto en el artículo 134 de la Constitución y, por impedir la reunión o funcionamiento del Parlamento, Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos. Es por ello que se sustenta la transgresión de la prerrogativa para la investigación que recae sobre el mandatario.
“Los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada o de colusión agravada, no forman parte de los supuestos excepcionales para perseguir a un presidente de la República en funciones, motivo por el cual dicha disposición es nula”, señala la defensa de Pedro Castillo.
LEE TAMBIÉN: IEP: ningún segmento de la población respalda a Castillo por mayoría
Pedro Castillo es el primer presidente en ser investigado durante su mandato
El jefe de Estado se convirtió en el primer presidente peruano en ser investigado preliminarmente por el presunto delito de organización criminal. La solicitud del proceso se debe a las recientes declaraciones del colaborador eficaz, donde señalan que Castillo habría recibido una fuerte suma de dinero por parte del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones.
El colaborador declaró ante el fiscal provincial Karla Zecenarro que mandatario habría recibido un pago de 30 mil soles por parte de Zamir Villaverde. En la misma línea, los supuestos pagos habrían sido efectuados entre agosto y setiembre del 2021 como parte de un pedido del exministro hacia el empresario.
«El entonces ministro Silva habría llamado a Zamir Villaverde para solicitarle la suma de S/30 mil soles, citándolo en su departamento de Cercado de Lima (…) el citado empresario habría hecho la entrega de los S/30 mil soles en el lugar señalado», menciona la misiva.
Es por ello que, el fiscal Pablo Sánchez presentó una solicitud para incorporar al presidente en la pesquisa actual contra del exministro Juan Silva. Cabe resaltar que, la investigación contra corresponde a la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de herramientas y colusión agravada por el caso Puente Tarata III.
