Esta semana se promulgó un Decreto Legislativo por parte de la presidenta Dina Boluarte. En este se establecen medidas para des hacinamiento de los penales. Esto en el marco de la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional que existiría respecto a los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, esta medida ha generado polémica principalmente por la creciente inseguridad ciudadana en la que se encuentra envuelto el país.
¿Qué se declaró por el Tribunal?
El Tribunal Constitucional señaló en el año 2014 un “estado de cosas inconstitucional”. Esto se trataría de una extensión de los efectos de una sentencia a actos que son similares pero que se encuentran fuera de quienes participan en un proceso. Esto siempre que se considere que exista una constancia en la violación de los derechos humanos. En el presente caso, se encuentra referido tanto al hacinamiento existente en los penales, así como a la deficiencia en su capacidad para las personas que se encuentran en ellos.
Según lo señalado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Eduardo Arana Ysa, «hemos visto que las condiciones que existen en los penales no son las más adecuadas. Entonces, el propósito de esta norma es dar un beneficio premial a los internos que hayan demostrado una conducta ejemplar durante los últimos años”. Por esta razón, se pretendería recortar el número de reclusos en los centros penitenciarios del país, así como cerrar aquellos que no cumplan con las medidas mínimas para garantizar los derechos humanos.
Al respecto, se señaló en el presente Decreto Legislativo N° 1585 que este se lleva a cabo siguiendo el propósito principal del sistema penitenciario en el país. El cual es la resocialización así como la reintegración de las personas que cometieron delitos. Por lo tanto, se deben otorgar condiciones mínimas de salud, aseo, educación, habitación, etc. Esto se debe hacer según se señala en él, conforme al plan de Política Nacional Penitenciaria para el año 2030.
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¿Qué señala el presente Decreto?
Lo que se ha mencionado por el Ejecutivo ha llevado a la polémica entre la población. Esto debido a que se busca reemplazar las consecuencias penales de pena privativa de la libertad en algunos casos por otras. Así, se tiene que aquellos delitos que tengan una condena de hasta 2 años de prisión, podrán ser reemplazados por multas. En segundo lugar, aquellas que lleguen hasta los 5 años, podrán ser reemplazadas por servicios a la comunidad o limitación de días libres.
Asimismo, incluso se llega a establecer alternativas para los 12 años de condena. En estos casos, según se estableció, podrán cambiarse por la prisión domiciliaria y una vigilancia electrónica constante. Llegando como máximo a agregar a esta la prestación de servicios a la comunidad. Además, en los casos que haya existido negligencia y culpa, se debe preferir esta medida. En efecto, es considerable la polémica que se genera en torno a esta nueva medida del gobierno de Boluarte. Ya que muchos delitos que anteriormente conllevaban a un cumplimiento en las cárceles, podrán ahora tener una consecuencia más leve.
Por otro lado, también se varió la capacidad para suspender la pena de 4 a 5 años. Por lo tanto, esto implicaría que muchas personas que cometen delitos de una baja gravedad puedan quedar en libertad. En efecto esta situación preocupa a muchas personas debido principalmente a los altos índices de criminalidad. Así por ejemplo, el ex congresista Richard Arce se refirió al mismo de manera negativa en una entrevista con Mávila Huertas. Señalando que se “presta a la impunidad ya que una sentencia se tiene que cumplir”.
¿Cuál sería el impacto de esta nueva norma?
Según el ex congresista Víctor Andrés García Belaunde, finalmente esta medida generaría una mayor corrupción dentro del Poder Judicial. Además, señaló que en el país se necesitan más cárceles, debiendo reabrir aquellas que fueron clausuradas. A su vez, en la misma entrevista, Richard Arce mencionó la falta de estrategias por parte del gobierno. Por lo tanto, la solución no está en dejar salir a las personas de los centros penitenciarios y así evitar que cumplan una condena, sino en abrir nuevas cárceles y mejorar su sistema.
En efecto, actualmente el país atraviesa una situación crítica a nivel de delincuencia, comprometiendo a la ciudadanía y autoridades. Por lo tanto, es importante realizar una reforma al sistema penitenciario para poder albergar correctamente a las personas que se encuentren privadas de su libertad. Sin embargo, la solución nunca será evadir el problema liberando personas que han cometido delitos y tienen que cumplir una sentencia, ya que esto solamente generaría la disminución en la seriedad de nuestro sistema de justicia.
