Obstaculización. Willy Huerta Olivas, quien asumió el Ministerio del Interior tras la destitución de Mariano González Fernández, cuestionó el plan de su antecesor: la conformación del Equipo Especial de la PNP. Patentizó su rechazo en el oficio 588-2022 que remitió a Marita Barreto Rivera, fiscal superior encargada de investigar los actos ilícitos relacionados al Gobierno de turno.
En ese documento, remarcó que «para mantener la sostenibilidad del equipo, no solo se requiere de recursos humanos y materiales, sino de una delimitación clara de funciones y competencias». Asimismo, precisó: «el equipo debería recaer en aquellos órganos de la Policía Nacional del Perú, cuyas funciones sean compatibles con las tareas y/o acciones que se le encomienden».
Siempre estuvo en contra del grupo especial. Pues la misión de este equipo consiste en buscar a los prófugos del entorno presidencial: Juan Silva y Fray Vásquez. Entre ellos estaba Bruno Pacheco.
Según el Ministerio Público, Silva, Vásquez y Pacheco integrarían una organización criminal encabezada por el jefe de Estado. Esta red habría efectuado licitaciones millonarias en el MTC. Por eso, Castillo y Huerta hicieron todo lo posible para entorpecer la instalación del Equipo Especial. Así pretendían evitar la detención de los prófugos.
Petición de Huerta
Una petición obstruccionista. Mediante el oficio 588-2022, el ministro Huerta pidió el cambio de Harvey Colchado. Pero Mariano González se adelantó a los hechos. Retirado del cargo ministerial por crear el grupo especial, vaticinó: «[Huerta] podría emitir una resolución y dejar sin efecto todo. Sería catastrófico para la administración de justicia, pero sería una raya más al tigre».
Aparte de Colchado, los coroneles Walter Lozano Pajuelo, Franco Moreno Panta y Luis Silva Collazos forman parte del grupo especial. Gracias al accionar de estos policías, se logró la captura de Bruno Pacheco en Chorrillos.
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Destiempo
Cuando destituyeron a Mariano González, la conformación del equipo policial parecía arruinada. Faltaba un trámite para la instalación del grupo especial. Se demoraron. Y dicho retraso complicó las investigaciones y búsquedas de los efectivos.
Otra dilación se produjo cuando Walter Maguiña Quinde, secretario general del Mininter, aseveró que la solicitud de Barreto se recibió a destiempo. Por ende, debía reprogramarse un nuevo requerimiento.
Para la fiscal Barreto, el Ministerio del Interior pretendió retrotraer un trámite, lo que «podría interpretarse como una conducta obstruccionista».
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A favor, en contra
Benji Espinoza Ramos, abogado de la pareja presidencial, apoyó el oficio 588-2022. En declaraciones a la prensa, manifestó: «No puede ser que una fiscal defina quiénes son los miembros de un equipo especial. (…) El Ministerio Público investiga, pero no decide qué policías conforman tal equipo».
Sin embargo, César Nakazaki Servigón, abogado de Bruno Pacheco y Karelim López, criticó la decisión de Huerta. «No solo es una represalia, sino un intento de frenar la colaboración eficaz, en un caso tan complejo, donde se enfrenta a un presidente en ejercicio. (…) El trabajo de la policía tiene que ser acompañado del Ministerio Público, tal es así que inmediatamente recibimos, de manera formal, el pedido de la fiscal María Barreto para constituir el equipo especial», arguyó.
