El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria ha programado una audiencia presencial para el próximo viernes 23 de agosto a las 4:00 p. m., con el objetivo de evaluar las solicitudes de excepción de improcedencia de acción que presentaron los hermanos Waldemar y Vladimir Cerrón, quienes enfrentan investigaciones por presuntos delitos de organización criminal y otros. El juez Jorge Chávez Tamariz presidirá la sesión.
Los hermanos Cerrón, involucrados en el caso «Los Dinámicos del Centro», buscan que el Poder Judicial archive el proceso penal en curso. Según su argumento, sustentado en la reciente modificatoria de la Ley 32108, los hechos que la Fiscalía les imputa ya no constituyen delito. Esta ley modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley contra el crimen organizado, lo que podría tener implicancias directas en su situación judicial.
Propedéutica de las leyes y criminalidad
Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín, actualmente prófugo de la justicia, y su hermano Waldemar Cerrón, congresista de la República y segundo vicepresidente del Parlamento, figuran en la investigación de la Fiscalía como miembros de una presunta organización criminal que operaba en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín. La red, según la tesis fiscal, se dedicaba al cobro de sobornos para la emisión de licencias de conducir y a la contratación de personal afín a su partido político, Perú Libre, a cambio de favores económicos.
El juez Chávez Tamariz otorgó un plazo de 48 horas para que el Ministerio Público y la Procuraduría Pública se pronuncien sobre las solicitudes de los hermanos Cerrón. Este proceso ocurre en el marco de la investigación preparatoria que se extiende desde hace meses y que involucra, entre otros, a Vladimir Cerrón, quien recibió en octubre de 2023 una condena de tres años y seis meses de prisión por el delito de colusión en el caso del Aeródromo Wanka.
Vladimir Cerrón se encuentra en calidad de «no habido» desde el 6 de octubre de 2023, tras su condena por colusión, y enfrenta múltiples procesos penales adicionales. Entre ellos, destaca un mandato de prisión preventiva de 24 meses por presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido. Recientemente, también recibió una prisión preventiva de 12 meses en relación con el caso «Antalsis».
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Interpretaciones y política
Por su parte, Waldemar Cerrón continúa ejerciendo su rol en el Congreso, aunque enfrenta la sombra de las acusaciones que podrían afectar su carrera política si las solicitudes de excepción no prosperan y el proceso judicial sigue su curso.
La audiencia del 23 de agosto será crucial para determinar si los argumentos de los hermanos Cerrón, basados en la Ley 32108, son suficientes para archivar el caso. La decisión del juez Chávez Tamariz podría marcar un precedente importante en la interpretación de la reciente modificación legal y su aplicación en casos de presunta organización criminal.
El país seguirá con atención este proceso, que podría tener repercusiones significativas en la lucha contra la corrupción, en la estabilidad política de la región de Junín, y en el futuro de Perú Libre y sus líderes.
