El Ministerio Público decidió que las denuncias realizadas contra López Aliaga y otros, no prosperarían de formalizar investigación. Es por ello que decidieron su archivamiento definitivo, sin perjuicio de la posible interposición de mecanismos legales para combatir esta decisión.
Los hechos no constituyen delitos
Los denunciados Phillip Butters, López Aliaga, Martín Ortiz, Adolfo Luna Victoria, José Cueto y Carlos Montoya han sido librados de un proceso penal en su contra. Los delitos imputados eran «Conspiración para sedición» y «Grave perturbación de la tranquilidad pública».
A través de una «Disposición de no formalización ni continuación de la investigación preparatoria», la Fiscalía indicó que no es justiciable penalmente los delitos imputados. Toda vez que en el presente caso no se cumplía con los requisitos que los tipos penales exigen.
Cabe acotar que esta disposición es susceptible de interponérsele un recurso de queja. En este sentido, los representantes del Estado y del JNE, Luis Casaverde y Ronald Angulo respectivamente, pueden exigir que el Fiscal superior verifique si la decisión del archivamiento definitivo es correcta o no.
Ante ello hay dos posibilidades. De declararse fundado, el Fiscal superior ordena que formalice investigación preparatoria, lo que implica judicializar el caso. De declararse infundado, el Fiscal superior confirma la decisión, lo que quiere decir que el archivamiento definitivo queda firme.
LEE MÁS: Días de locura: ¿Es el cyberwow un engaño de las tiendas retail?
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Taiwán y el posible fin de la diplomacia del ping pong
Antecedentes del caso
Como es de conocimiento público, las denuncias realizadas contra López Aliaga fueron por sus comentarios en la «Marcha por la Democracia». El ex-candidato por la presidencia indicó: «…Muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo, no puede pasar eso acá». Los denunciantes percibieron dichas palabras como un llamado a atentar contra la vida de Cerrón y Castillo, además de desconocer las elecciones presidenciales. Opinión que contaba con cierto apoyo político como el de Sigrid Bazán. No obstante ello, la Fiscalía piensa lo contrario, tal como indicaron en su fundamento 4.16:
Con respecto al resto de imputados, los delitos que se les incriminaba tenían como fundamento comentarios realizados en un programa de televisión («Beto a saber» y «Combutters»). La Fiscalía argumenta que dichos comentarios en crítica al comunismo y ciertos simpatizantes de Perú Libre no pueden ser procesados. Cuando no figura como delito, carecen de competencia para actuar de oficio. En este sentido, indican que en todo caso lo que procede es un proceso especial por falta, cuya denuncia depende exclusivamente del agraviado directo por los comentarios.